Ministra Plá indicó que espera verdad y justicia por abusos de género en contexto de estallido social

La violencia político-sexual sufrida por diversas víctimas en el contexto de las manifestaciones sociales, desde octubre a la fecha , y la violencia que enfrentan las mujeres en el día a día en el país fueron los dos focos que sustentaron las consultas de la diputada Camila Rojas (Comunes) en el proceso de interpelación a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá.

En su cuestionario, la legisladora del Frente Amplio interrogó sobre el accionar personal de la ministra y de la cartera que dirige en un escenario de violaciones a los derechos humanos que afectó a un alto número de mujeres, constatándose en los informes de las entidades especializadas desnudamientos, abusos sexuales, humillaciones y detenciones ilegales, entre otros.

Asimismo, consultó sobre las facultades del Ministerio para apoyar a las víctimas, legal y reparatoriamente, al tiempo que interrogó sobre dónde radicaba la lealtad de Isabel Plá, si para con su Gobierno o con el mandato de la cartera que juró defender y que supone velar por la defensa y protección de las mujeres de este país.

Frente a las consultas, la secretaria de Estado aseguró que, desde el 19 de octubre pasado, se ha monitoreado las situaciones de las mujeres que pudieran estar afectadas por el estallido social, primero desde los centros propios de la institución y, luego, en coordinación con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y con la Fiscalía, para asegurar una efectiva defensa de las víctimas y procurar su reparación.

Sostuvo que mantuvo diversas reuniones con otras autoridades del Gobierno para procurar que se respetaran los protocolos y se respetaran los DDHH de las mujeres. “Tenemos la obligación de recuperar la paz social, respetando los derechos fundamentales de las personas. Los hechos relatados están siendo investigados por la Fiscalía; esperamos verdad y justicia y que los responsables paguen por lo realizado”, remarcó.

Indicó que se ha velado para que las víctimas accedan a la justicia y a una adecuadas reparación, para lo cual afirmó se han establecidos programas especiales, no solo en los tres establecimientos abiertos para estos efectos, sino a través de personal disponible en todos los centros del ministerio a lo largo del país.

Además, pidió no comparar la situación vivida en dictadura respecto de la realidad actual, donde existe una institucionalidad que opera, en donde es esperable que se haga justicia y en donde se están promoviendo capacitaciones y protocolos que den cuenta del necesario respecto a los derechos humanos y dignidad de las mujeres. “Esperamos que todas las instituciones asuman que se cometieron situaciones inexplicables y que se tiene que respetar íntegramente la dignidad y la vida de una mujer”, remarcó.

Agregó luego que se vela por el respeto no solo en el contexto de la crisis social, sino también frente a las denuncias que puedan hacerse en materia de violencia intrafamiliar.

Por último, en este marco, dijo que el Ministerio no tiene facultad para querellarse en materia de DDHH, siendo entregada esa facultad de manera exclusiva al INDH, punto que fue refutado por la parlamentaria, aportando datos conocidos a través de declaraciones de prensa.

Otros temas

La diputada Camila Rojas preguntó a la Ministra Pla respecto a las medidas de seguridad que se tomarán para proteger a las mujeres que marcharán el próximo 8 de marzo, cuando se conmemore el “Día Internacional de la Mujer” e interrogó sobre el retiro de diferentes organizaciones sociales de las conversaciones que llevaban con el Sernam por falta de confianza.

Respecto al último punto, la ministra lamentó la situación y sostuvo que se está trabajando para generar diálogos con los diversos actores sociales; en tanto sobre el primer tema informó que se ha trabajado para que el evento se lleve a cabo con la seguridad y paz que corresponde, para lo cual se contará con 1600 carabineras. Agregó que siente un profundo respeto por el movimiento feminista, ya que gracias a él las mujeres han obtenido logros como el derecho a voto.

La legisladora también le solicitó referirse a la postura del Ministerio respecto la existencia de autoridades de Gobierno que tendrían acusaciones por Violencia Intrafamilia (VIF) y a los tiempos de los procesos de denuncia de violencia intrafamiliar.

Isabel Plá reiteró el compromiso con las mujeres y destacó que quienes han sido sancionados por los tribunales por violencia, han sido destituidos. Respecto al tiempo que lleva tramitar una denuncia por VIF, indicó que la principal barrera tiene que ver con la desconfianza que existe hacia las instituciones y su buen funcionamiento, por lo que reiteró que se encuentran trabajando, junto a otras organizaciones, en un programa piloto de apoyo a las mujeres, que además las ayuda a la inserción laboral.

La legisladora también se inquirió sobre los despidos realizados en el Ministerio de la Mujer y el impacto que ello habría tenido en los programas de violencia. A esto la ministra explicó que todas las desvinculaciones se habrían realizado conforme a la ley, lo cual fue ratificado por la Contraloría.

También indicó que han aumentado en un 30% el presupuesto destinado a los planes contra la violencia y que, en la actualidad, cuentan con 109 centros para la mujer, que les ha permitido atender a 130 mil mujeres. Pla enfatizó que ninguna mujer que ha pedido ayuda ha dejado de ser atendida.

Una vez desarrollado el proceso de consultas por parte de la diputada Rojas, en representación de sus respectivas bancadas intervinieron hasta por cinco minutos las diputadas Carolina Marzán (PPD), Karin Luck (RN), Joanna Pérez (DC), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Sandra Amar (UDI), Camila Vallejo (PC), Maite Orsini (RD), Emilia Nuyado (PS), Claudia Mix (Comunes) y Gael Yeomans (CS), además del legislador Luciano Cruz-Coke (Evópoli).

Replicando lo previamente anunciado por Camila Rojas, en la sesión se aprobó un acuerdo por el cual se propone al Ejecutivo una reforma a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, que asegure la no repetición de actos de violencia político-sexual, reestructurando la institución; realizar gestiones para asignar un fiscal especial por región para la investigación de estos casos; y patrocinar un proyecto que tipifique la violencia político-sexual.

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