Norma que aumenta penalidad por delitos de “cuello y corbata” aprobado en general y pasa a Sala del Senado

Anticipando una serie de perfeccionamientos que deberán efectuarse en el debate en particular, los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por 4 votos a favor, aprobaron la idea de legislar del proyecto que aumenta las penas de los delitos económicos, junto con permitir el uso de técnicas especiales de investigación.

La norma en primer trámite y que nació de una moción de los senadores Ximena Rincón y Felipe Harboe, deberá ser analizada por la Sala en una próxima sesión ordinaria. Tras ello en la citada Comisión deberá analizarse el articulado del texto, el que a juicio de los legisladores debe ser revisado en detalle.

Cabe recordar que la iniciativa surgió como una forma de endurecer las penas de los llamados delitos de “cuello y corbata”, esto debido a que la población percibe que los abusos vienen de un grupo privilegiado que es inmune a la justicia.

En la sesión, los congresistas debatieron junto al Ministro (s) de Justicia, Sebastián Valenzuela; y el Fiscal Nacional del Ministerio Público, Jorge Abbott, los alcances de la propuesta, en particular en lo relativo a las medidas de investigación y las figuras legales que permitan la persecución de este tipo delitos.

En lo sustancial, el proyecto aumenta las penas de en una parte de los delitos económicos consagrados en el Código Penal y en distintas leyes especiales con grave trascendencia en la vida social.

Además, desde una perspectiva procesal, otorga la utilización de técnicas especiales de investigación para los ilícitos de esta índole especificando el marco de autorización que debe otorgar el juez garantía. A su vez se establece una ampliación del plazo para el recurso de nulidad en caso de juicio de complejidad que en la práctica reducen las posibilidades de ejercer el recurso en un plazo exiguo.

Sin perjuicio de lo anterior, el fundamento esencial radica en la revisión del catálogo de delitos en que se afectan los bienes jurídicos en materia de delitos económicos y los alcances de la punibilidad.

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