Ante la noticia publicada por el diario electrónico El Mostrador, que en noviembre del año pasado, pocos días después del estallido, la empresa Aes Gener —propietaria de cuatro termoeléctricas en la llamada zona de sacrificio de Quintero y Puchuncaví— habría llegado a un acuerdo con los miembros de distintos sindicatos de pescadores artesanales de esas comunas para que desistieran de continuar con una demanda civil que buscaba la reparación por la contaminación de las aguas producto de los frecuentes varamientos de carbón, el diputado independiente Marcelo Díaz condenó hoy este hecho, afirmando que “de ser cierta esta información, sería sumamente grave porque es una práctica conocida, en que se utiliza a los afectados por daño ambiental para un negocio de privados, para un negocio de abogados”.
El parlamentario agregó que “si esto realmente ocurrió, estaríamos frente a un hecho de la máxima gravedad porque se usó el dolor y las necesidades de la gente”.
“Un acuerdo de esa naturaleza —añadió Díaz—, que contempla el secreto, evitar que se denuncie un abuso que una empresa pudo haber cometido, deteriorando radicalmente las condiciones de vida de una comunidad, es ética y humanamente impresentable”.
En ese sentido Díaz manifestó que “debemos insistir en que un país prospera en un ambiente sano, donde los acuerdos debajo de la mesa y la comunicación con base en el terror queden afuera; a ello debe sumarse que en Chile ya no deben existir las zonas de sacrificio, se debe trabajar en las energías limpias y encarcelar, condenar, a toda aquella persona y empresa que imponga sus intereses particulares por las reales necesidades y cuidados de la ciudadanía”.
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