Limitan responsabilidad de titulares y usuarios de tarjeta de crédito en caso de extravío, robo, hurto o fraude

A ley se remitió el proyecto que establece un régimen de limitación de responsabilidad para titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude, tras aprobarse en la Sala de la Cámara el informe de la Comisión mixta.

El proyecto define que los titulares o usuarios de estos medios de pago, o de sistemas que permitan efectuar transacciones electrónicas, podrán limitar su responsabilidad en los casos de hurto, robo, extravío o fraude, dando aviso oportuno al emisor.

En lo principal el proyecto traslada al emisor de las tarjetas la responsabilidad por las transacciones efectuadas post aviso del robo o fraude y de probar que el usuario actuó con negligencia o dolo en dichas operaciones.

En particular, si estos medios son utilizados con posterioridad al aviso, el emisor será responsable de tales operaciones y sus consecuencias económicas y el usuario quedará liberado de responsabilidad, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere corresponderle con motivo del extravío, hurto, robo o fraude respectivo.

Si las operaciones son anteriores al aviso, el usuario puede reclamar al emisor aquellas operaciones en que desconozca haber otorgado su autorización o consentimiento, hasta 30 días hábiles siguientes al aviso y el reclamo podrá incluir operaciones realizadas en los 120 días corridos anteriores al aviso efectuado por el usuario.

Será el emisor quien deba probar que dicha operación fue autorizada por el usuario y que se encuentra registrada a su nombre. El solo registro de las operaciones no bastará, necesariamente, para demostrar que esta fue autorizada por el usuario, ni que el usuario actuó con culpa o descuido que le sean imputables, sin perjuicio de la acción contra el autor del delito.

Además, tratándose de la restitución de los fondos, el emisor deberá proceder a la cancelación de los cargos o a la restitución de los fondos correspondientes a las operaciones reclamadas dentro de cinco días hábiles contados desde la fecha del reclamo, cuando el monto total reclamado sea igual o inferior a 35UF. Si el monto es superior a dicha cifra, tendrá siete días adicionales para cancelarlos, restituirlos al usuario o ejercer las acciones legales que adopte.

El emisor estará impedido de ofrecer a los usuarios la contratación de seguros cuya cobertura corresponda a riesgos o siniestros que el emisor deba asumir en conformidad a esta ley.

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