Las iniciativas buscan elevar las penas por colusión en bienes y servicios de primera necesidad, por uso de información privilegiada, fraudes y alteración de documentos, aumentar el máximo de multas a imponer por parte de la Comisión para el Mercado Financiero y el plazo de prescripción en los delitos electorales.
El Presidente Sebastián Piñera presentó este viernes cuatro proyectos de ley de la Agenda Antiabusos y por un Trato Justo y Digno para Todos que buscan combatir la colusión, el uso de información privilegiada, la corrupción en el Estado y delitos electorales.
“Queremos construir un Chile más justo, más equitativo, sin abusos, sin privilegios y con iguales oportunidades y dignidad para todos. Ése es el potente mensaje de la voz de la gente que hemos escuchado”, señaló el Mandatario en un acto acompañado por los ministros del Interior, Gonzalo Blumel; Hacienda, Ignacio Briones; Economía, Lucas Palacios; Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín; y Secretaría General de la Presidencia, Felipe Ward.
El primer proyecto de ley contempla el aumento de penas por colusión en bienes y servicios de primera necesidad, nuevas herramientas para fortalecer la investigación de carteles por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y la creación de la figura del denunciante anónimo, que permitirá que la FNE de manga la reserva de la identidad del denunciante en caso de que así sea solicitado.
En tanto, el proyecto de ley “antiabusos en el mercado financiero” propone un aumento de penas y multas por uso de información privilegiada y otros abusos en el mercado de valores, establece “periodos de bloqueo” asociados al uso de información privilegiada y la creación del “denunciante anónimo” ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
“Cuando estos Proyectos sean Ley tendremos mercados más libres y transparentes, empresas más competitivas, productos de mayor calidad y mejor precio, y lo más importante, mejor calidad de vida para todas las personas”, explicó el Presidente Piñera.
Por su parte, el proyecto de ley de Denunciante Anónimo, de “anticorrupción en el Estado” busca crear un canal de denuncias en la Contraloría General de la República sobre infracciones disciplinarias o administrativas, hechos asociados a corrupción o que afecten los recursos públicos.
El último proyecto eleva de dos a cinco años el plazo de prescripción en delitos electorales.
Los anuncios forman parte de la Agenda Antiabusos y por un Trato Justo, que contempla tres pilares: combatir con mayor severidad las colusiones, la corrupción, los delitos económicos y los delitos electorales; una mejor protección de los derechos de los consumidores y un mayor amparo de los derechos de los trabajadores.
