El oficio consulta sobre la existencia de personas en observación o cuarentena que se encuentren bajo la custodia de Gendarmería, y las medidas adoptadas para la vigilancia y detección del Covid-19.
En el contexto del avance de Coronavirus (Covid-19) en el país y de las medidas anunciadas por el Gobierno para controlar su propagación en recintos penitenciarios, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ofició a Gendarmería de Chile (GENCHI) para conocer detalles de decisiones adoptadas respecto a la pandemia, tomando en cuenta los altos niveles de hacinamiento constatados por el INDH en sus informes sobre la situación carcelaria en Chile.
En esta línea el oficio consulta sobre la existencia de personas en observación o cuarentena que se encuentren bajo la custodia de Gendarmería y las medidas adoptadas para la vigilancia y detección del Covid-19 para la población penal en general, y especialmente al momento del ingreso de los internos a los recintos.
La comunicación interinstitucional busca además recabar antecedentes sobre el plan de recuperación de la salud y manejo posterior para los casos de internos contagiados con el virus.
El Tercer Estudio de las Condiciones Carcelarias en Chile del INDH fue dado a conocer en 2019, revelando el estado de situación de las cárceles chilenas, según observaciones realizadas por funcionarios/as del INDH en visitas a 40 cárceles de las 87 chilenas.
El análisis aborda diferentes aspectos sobre las instalaciones y calidad de vida que llevan las casi 50 mil personas privadas de libertad, y se constató que 19 de 40 cárceles están por sobre su capacidad, y 11 de ellas se encuentran en un nivel crítico de ocupación.
El informe establece que en 24 de las 40 unidades penales se aprecia algún nivel de privación de acceso al agua durante las 24 horas del día, o de insuficiencia en acceso a servicios higiénicos de forma permanente.
Asimismo el documento pone énfasis en los servicios médicos. En este sentido, da cuenta del número de profesionales de la salud disponibles en las cárceles.
Según se detalla, en promedio, hay un funcionario por cada 49 presos. Sin embargo, esta cifra varía drásticamente según cada lugar.
