La Comisión de Hacienda despachó el proyecto que buscaba la suspensión del pago de aranceles y créditos en los establecimientos de educación superior, la que, tras su trámite en la Comisión de Educación se modificó en orden a buscar planes de flexibilización de dichos cobros y la prohibición de sanciones a estudiantes que hayan sido afectados por la catástrofe por calamidad pública, con ocasión de la pandemia Covid-19 (boletín 13.378).
En primer término, la instancia parlamentaria aprobó por siete votos a favor, cinco en contra y una abstención, una indicación presentada por legisladores de la UDI que suprime el artículo 4º del proyecto aprobado por los diputados en Educación que señala que “El Ministerio de Educación abrirá un nuevo y excepcional período de postulación a la gratuidad y demás beneficios estudiantiles para el segundo semestre del año 2020”.
“Este proceso de postulación estará dirigido a los estudiantes que no hayan postulado o accedido a estos beneficios en el periodo regular y que acrediten un menoscabo en sus ingresos familiares, como directa consecuencia de las medidas sanitarias o de seguridad interior que hayan sido dictadas por la autoridad competente para el control del Covid-19, en conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 1 de esta ley. El Ministerio informará de las nuevas fechas de postulación a las instituciones de educación superior, para que éstas, a su vez, informen a los estudiantes, dentro del término de tres días de publicada la presente ley en el Diario Oficial”, añade la disposición suprimida por la Comisión de Hacienda.
En segundo término, se aprobó por siete votos a favor, cuatro en contra y una abstención, indicar que el artículo transitorio tiene incidencia presupuestaria. Dicha disposición señala que “Durante el año 2020, los estudiantes señalados en el inciso segundo del artículo 1 de esta ley (estudiantes de educación superior a aquellos que cursen carreras y programas de estudios de carácter presencial, semipresencial o a distancia, conducentes a títulos y grados), que se acojan a los planes señalados en dicho precepto, podrán solicitar la suspensión del año académico con la exención de cargos adicionales en relación con el avance académico semestral”.
Este proyecto de ley será informado a la Sala por el diputado Guillermo Ramírez.
Audiencias
Antes de la votación, la comisión recibió una serie de exposiciones. La primera, del rector de la Universidad Central, Santiago González, quien afirmó que el proyecto de ley solo refleja una proporción de los esfuerzos que muchas casas de estudios ya están haciendo. A ello se suma su impacto en la estabilidad y continuidad financiera y entregar una señal equívoca a los estudiantes que sí pueden pagar.
El rector de la Universidad Santo Tomás, Juan Pablo Guzmán, indicó que el regreso a la normalidad con un sistema híbrido, entre presencial y virtual, será muy difícil. Además, mencionó que la crisis sanitaria ha generado en los diversos planteles menor matrícula, mayor deserción estudiantil y mayor morosidad en el copago de los alumnos.
Por su parte, Marcelo Núñez, presidente de las Instituciones de Educación Superior Técnico Profesional del CRUCH, mencionó que están presentes solo en regiones (desde Arica a Temuco), con un 56% de sus 35 mil alumnos acogidos a gratuidad. Agregó que el 100% de sus instituciones no están de acuerdo con el proyecto de ley ya que provocará riesgos de insolvencia, de afectar puestos de trabajo y de interrumpir el proceso formativo.
Por último, el profesor de derecho administrativo, Luis Cordero, detalló las resoluciones de la Corte Suprema que dictaminó que el sistema de financiamiento estatal o de gratuidad es un derecho para los alumnos menos favorecidos que rige a partir del momento de la matrícula y para toda la carrera. También, que no se puede condicionar la titulación al pago de una deuda.
