Los Secretarios Generales de la Convergencia Progresista (PS, PPD, PR) piden formalmente a la Ministra del Trabajo y Previsión Social María José Zaldívar, retirar la suma urgencia del Proyecto que pretende modificar la Ley 19.518 que regula la franquicia tributaria de formación laboral administrada por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo SENCE.
Este requerimiento se basa en la necesidad de re-direccionar y reenfocar estos recursos -al menos en parte- a la inserción laboral, de modo que permitan acortar los períodos de búsqueda de empleo de los trabajadores que queden cesantes producto de la pandemia del Covid-19.
En este sentido, el proyecto presentado por el ejecutivo el 11 de marzo de 2019 no guarda ninguna relación con los nuevos desafíos que el país debe afrontar producto del despertar social de octubre del 2019 y la posterior crisis sanitaria. Por eso debe repensarse en una mesa de trabajo público-privada que permita adecuarlo a las nuevas necesidades.
En la actual modificación legal se establece un co-pago a la capacitación que actualmente es gratuita para los trabajadores de menores ingresos, esto representa una limitante imposible de salvar para las empresas que probablemente dejarán de invertir en capacitación con el consiguiente daño a los más de 800 mil trabajadores que hoy son beneficiarios.
Esta situación se hace aún más grave considerando que todas las proyecciones sostienen que el país enfrentará altísimos niveles de desempleo y donde la reconversión y la inserción laboral serán determinantes para acortar el periodo de desempleo de los trabajadores.
Hoy más que nunca, necesitamos dar nuevas y mejores herramientas a las y los trabajadores para que puedan acceder a nuevos empleos. Solicitamos a la Ministra convocar a un acuerdo nacional pro empleo y reconversión laboral, que permita mejorar las oportunidades de quienes ahora están quedando cesantes.
Llamamos a la Ministra Zaldívar a retirar la suma urgencia del proyecto y convocar una mesa de acuerdo que permita poner todas las energías en la búsqueda de nuevos empleos, en el desarrollo de competencias para la economía post Covid-19, en la reconversión laboral de los cesantes y la colocación de ellos en puestos de trabajo dignos. Estos desafíos requieren una redefinición profunda y urgente de nuestro sistema nacional de capacitación y no sólo de ajustes cosméticos que son los que el actual proyecto de ley propone.
