Perú quedó este lunes al borde de su segundo conflicto de poderes en menos de un año, luego de que el Ejecutivo y el Tribunal Constitucional cuestionaran dos reformas políticas aprobadas en primera votación por el Congreso con modificaciones al proyecto original, después de que el presidente Martín Vizcarra anunciara un referendo debido a la reticencia parlamentaria a sancionarlas.
El Congreso unicameral aprobó esas reformas anoche, en trámite rápido, horas después de Vizcarra anunciara que las sometería a referendo porque el propio parlamento no había reunido los votos necesarios para aprobarlas en la sesión que inició el viernes y terminó en la madrugada del sábado.
Dichas reformas, que contaban con el aval de más de 85% de los votos en el referendo de 2018 y que implican la modificación de varios artículos de la Constitución, son la eliminación de la inmunidad parlamentaria y la inhabilitación para postularse a cargos electivos para quienes tengan condenas en primera instancia a por lo menos cuatro años de prisión.
Por tratarse de reformas constitucionales, la iniciativa aún debe ser sometida a segunda votación en el Congreso y el Ejecutivo no tiene la potestad de vetarla u observarla.
Con 110 votos a favor y 13 en contra, el Congreso dio primero luz verde al levantamiento de la inmunidad parlamentaria, pero sancionó un texto diferente del dictamen aprobado por las respectivas comisiones legislativas.
La enmienda finalmente aprobada incluyó más restricciones al eventual procesamiento de congresistas e introdujo cambios imprevistos al tratamiento a altos funcionarios públicos, entre ellos el presidente de la república.
Con el nuevo texto, el presidente podrá ser acusado, entre otras cosas, de delitos contra la administración pública cometidos durante su mandato, de impedir elecciones parlamentarias, regionales o municipales, y de disolver el Congreso en determinadas circunstancias, informó la agencia de noticias Andina.
El presidente de la Comisión de Constitución del parlamento, Omar Chehade -quien en 2012 renunció a la vicepresidencia de la república tras haber sido acusado de tráfico de influencias- afirmó que el texto aprobado equilibra las sugerencias de los parlamentarios y subrayó que «la lucha contra la corrupción es transversal».
Posteriormente, con 111 votos a favor y 14 en contra, el Congreso sancionó la inhabilitación de quienes tengan sentencias en primera instancia por delitos dolosos, pero eliminó el tiempo mínimo de condena y extendió el impedimento a todo tipo de cargos públicos, no solamente los electivos.
Los cambios introducidos por los congresistas generaron una ola de cuestionamientos en el Ejecutivo, la Justicia e incluso entre políticos y constitucionalistas.
Vizcarra afirmó que la reforma fue sancionada sin respetar el debido proceso establecido en el reglamento del Congreso.
«¿Cuál es el objetivo?», se preguntó, y respondió: «Como lo quieren invalidar, ellos están recurriendo a la estrategia de que lo aprobado respecto a la inmunidad se caiga. ¿Y qué logramos? Que la inmunidad parlamentaria continúe sin ningún problema.»
«Lo han distorsionado de tal manera que seguramente alguien irá al Tribunal Constitucional para dejarla sin efecto, y si la dejamos sin efecto, la inmunidad va a continuar; creemos que es un ardid para mantener la inmunidad parlamentaria», remarcó en declaraciones al canal estatal TV Perú.
El jefe del gabinete, Vicente Zeballos, sostuvo que el Congreso incurrió en «un claro exceso» que «está trastocando la esencia misma» de la Constitución, y advirtió que la reforma aprobada en materia de inmunidad «generará inestabilidad política».
Zeballos dijo que esperaba que los legisladores rectifiquen los textos en la segunda votación y anunció que este miércoles se reunirá con el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, con el objeto de «aunar esfuerzos» entre los dos poderes y establecer «una agenda país».
La presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, sostuvo que lo ocurrido anoche en el Congreso fue «una parodia de deliberación» en la que no se respetaron los mecanismos establecidos por la propia Constitución para eventualmente modificarla, y advirtió que «lo único que están haciendo (los legisladores) es debilitar un modelo de democracia representativa», según el diario El Comercio.
La reforma votada también fue cuestionada por los constitucionalistas Luciano López («Los congresistas aprobaron un blindaje de su actuación funcional», dijo) y Omar Cairo, quien advirtió que reglamentariamente el parlamento no debió discutir ni votar modificaciones al texto ya dictaminado.
En tanto, el ex candidato presidencial Julio Guzmán afirmó anoche en Twitter que fue «vergonzoso lo sucedido en el Congreso» y subrayó que «la reforma política, nuevamente, ha sido distorsionada por revancha».
Perú vivió un conflicto de poderes hace menos de un año, cuando Vizcarra disolvió el Congreso a fines de septiembre, en uso de la facultad constitucional que le permite hacerlo -no lo obliga- si el parlamento deniega dos veces un voto de confianza al gabinete durante un mismo período de gobierno.
La composición actual del Congreso fue designada en elecciones en enero de este año, para completar el período legislativo -que coincide con el del Ejecutivo- hasta el 28 de julio de 2021.
