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Fiscalización del Consejo Para La Transparencia identifica complejidades para escrutar asignación de beneficios para el personal de las FF.AA. y de Orden y Seguridad

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Una fiscalización del Consejo para la Transparencia (CPLT) logró establecer a partir de la información entregada por las ramas del Ejército, Armada, Fuerza Aérea de Chile (FACH), Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros y Gendarmería, algunos hallazgos relacionados con prestaciones de apoyo que entregan a su personal “expresamente amparadas en cuerpos legales de antigua data y que hoy se han consolidado como prácticas institucionales permanentes”. Como se sostiene en las conclusiones del informe del CPLT y por el cual fueron oficiados dichos organismos.

El proceso se focalizó en giras de estudios, “asignaciones de riesgo” –incentivo económico por eventuales situaciones de riesgo-, pensiones de montepío, créditos y el arriendo de casas fiscales. En el documento evacuado por el Consejo y que fue remitido también a Contraloría, se reconocen limitaciones en el mapeo y análisis de estos beneficios, que son otorgados a personal uniformado y en algunos casos a civiles y a ex funcionarios de las mencionadas entidades. Lo anterior dado que se identifica “opacidad del sistema de remuneraciones de los organismos fiscalizados (que) limita la posibilidad del ejercicio de controles externos, como el que puede realizar la ciudadanía con el fin de verificar, por ejemplo, que concurran las causales que legitiman las asignaciones otorgadas al personal de estas instituciones”.

Del proceso destacó información relativa a montos destinados a giras de estudios, que acorde a lo informado por las distintas entidades entre 2018 y 2019 habrían involucrado un gasto total que superó los 2.700 millones de pesos. Se trata de viajes que ya han recibido cuestionamientos por parte de Contraloría –realizados en años anteriores- en el caso de algunos de los organismos fiscalizados.

Asimismo, el Consejo logró establecer, cruzando lo entregado por algunas de las instituciones –dado que no todas respondieron con la totalidad de los antecedentes requeridos a las solicitudes de acceso a la información bajo modalidad de usuario simulado- y fuentes de Transparencia Activa, algunas cuestiones relacionadas con las “asignaciones de riesgo”, un tipo de incentivo económico no imponible otorgado por la situación de riesgo que puede implicar el ejercicio de determinadas labores.

“Los resultados del proceso nos hablan de la relevancia del ejercicio de controles externos, pero al mismo tiempo de un mapeo limitado. En algunos casos no es factible acceder a la información, que se mantiene en reserva, aludiéndose a eventual afectación de la seguridad nacional, o simplemente se omite parte de lo consultado y eso tenemos que aclararlo”, explicó el titular de Transparencia.

“Por ello -agregó Jaraquemada- y dado que hemos hecho llamados a la transparencia proactiva, denegar información debe justificarse. Las entidades que fueron objeto de esta fiscalización tienen un plazo para presentar descargos, por lo que aún no podemos hablar de incumplimientos a la Ley de Transparencia”. En el caso de esta fiscalización, las entidades que fueron parte del proceso pueden entregar información complementaria hasta el día miércoles 8 de julio.

Este tipo de procesos implementados por el CPLT, buscan identificar el cumplimiento de las normas de transparencia, el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales en organismos públicos, aplicando sanciones si corresponde.

Giras de estudios: detalles pueden mantenerse bajo reserva

La PDI, la Fuerza Aérea y la Armada señalaron haber realizado viajes de este tipo en los últimos dos años. La primera entidad informó detalles de dos viajes para un total de 379 personas, con un gasto total que suma cerca de 2 mil millones ($1.998.670.000). En la licitación pública de una de las giras organizadas por la institución se solicita en algunas ciudades de guías locales y entradas para actividades culturales, pero se aclara que no deben considerarse tours, visitas a estadios de fútbol o actos artísticos.

La FACH organizó tres giras internacionales en 2018 y la misma cantidad en 2019, en todas ellas habrían participado oficiales, destinando a estos viajes un monto total de $1.085.425.813 para 248 personas. La Armada declaró haber destinado una suma de casi 293 millones de pesos ($292.905. 591) a los viajes de los cursos 2018 y 2019, entregando sólo un número aproximado de participantes y negando participación de altos oficiales.

La policía uniformada habría organizado dos giras a Europa sólo el año 2019, sin incluir integrantes del alto mando ni personal civil, sumando entre ambas actividades un gasto total de $1.012.145.000. Gendarmería informó de un viaje a Argentina en 2018, en la que participaron 30 alumnos y 3 funcionarios uniformados, con un gasto total de $24.433.431.

Asignaciones: no es clara forma de entrega en algunas instituciones

Respecto de montos destinados a las llamadas “asignaciones de riesgo”, un tipo de incentivo económico no imponible otorgado por la situación de riesgo que puede implicar el ejercicio de determinadas labores, la policía uniformada aparece como el organismo que más recursos destinó en 2019 para estos fines: sobre 13 mil millones de pesos. Esto derivado de la suma del pago destinado a suboficiales y otros funcionarios de rango inferior a éste (cuyo promedio anual en 2019 fue de $301.553) y a oficiales (equivalente a $517.305 promedio).

El monto de este beneficio responde a un porcentaje del sueldo base o remuneraciones de acuerdo a la normativa de cada institución, pero sólo Carabineros entregó todos los detalles requeridos para entender su forma de entrega. Por ello, desde el CPLT subrayaron que se trata sólo de información acotada: “resulta imposible conocer lo que ocurre en todas las entidades en materia de asignaciones de riesgo, impidiendo comparar montos que destinan a fines similares”.

Por ejemplo, el Ejército no informó sobre el número de funcionarios que cuenta con este beneficio en 2019 ni monto promedio, por lo que a partir del acceso a fuentes abiertas fue imposible conocer qué personal recibe este pago. Gendarmería denegó la existencia de información al no ser “parte integrante de la remuneración de Gendarmería”, pero el CPLT identificó en su normativa que existe una asignación de función penitenciaria no imponible de carácter mensual.

Pensiones: diferencias entre ramas

A partir de los datos de personal recibidos correspondientes a 2019 y 2020, el total promedio de ambos años alcanzaría a 61. 711 personas pensionadas, las que recibirían una pensión promedio en este período de 560 mil pesos ($546. 953 promedio en 2019 y 573.042 promedio en 2020). Respecto del número de pensionados, la entidad que informó la cifra más alta fue Carabineros con poco más de 22 mil funcionarios este año (22.447), seguido de la Armada y el Ejército, con cerca de 14.500 ( 14.579 y 14.425, respectivamente).

Gendarmería entrega gran cantidad de créditos de consumo

Con respecto a los préstamos o créditos que las instituciones ofrecen a su personal –de consumo o hipotecarios-, el CPLT recibió como respuesta por parte de la Armada y del Ejército que ni la entidad ni sus servicios o comandos de bienestar otorgan créditos de consumo a sus funcionarios. Sin embargo, la institución naval cuenta con un «Contrato de Préstamo Colectivo”, que permite a personal en servicio activo, solicitar préstamos. En tanto, entre 2018 y 2019 Gendarmería habría otorgado más de 50 mil de estos créditos a su personal (50. 534). En contraposición omitió información sobre hipotecarios.

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