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Corte de Temuco rechaza recurso de amparo por machi Celestino Córdova condenado como autor de incendio con resultado de muerte

La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó hoy –jueves 30 de julio– el recurso de amparo presentado por la Defensoría Regional de La Araucanía en representación de Celestino Cerafín Córdova Tránsito, que buscaba la sustitución de la pena privativa de libertad por un régimen de reclusión domiciliario total, hasta el término de la pandemia ocasionada por el covid-19 en el país.

En fallo unánime (causa rol 112-2020), la Primera Sala del tribunal de alzada no dio lugar a la acción de amparo, tras descartar actuar arbitrario en la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Temuco, que denegó la solicitud.

“Que, la presente acción de amparo constitucional se dirige contra la resolución pronunciada con fecha 01 de Julio de 2020 por la Juez Titular doña Marcia Castillo Monjes, del Tribunal de Garantía de Temuco, en el contexto del procedimiento especial del artículo 95 del Código de Procedimiento Penal, denominado amparo ante el juez de garantía, conforme al cual toda persona privada de libertad tendrá derecho a ser conducida sin demora ante un juez de garantía, con el objeto de que examine la legalidad de su privación de libertad y, en todo caso, para que examine las condiciones en que se encontrare, constituyéndose, si fuere necesario, en el lugar en que ella estuviere. El juez podrá ordenar la libertad del afectado o adoptar las medidas que fueren procedentes”, sostiene el fallo.

Para la Corte de Temuco: “(…) en este contexto, no corresponde a este tribunal efectuar el mismo proceso que el artículo 95 del Código Procesal Penal entrega al juez de garantía, ya que no se está una apelación de lo por ella resuelto, sino que sólo controlar si en la lógica de la acción ejercida en esta instancia, a saber la acción constitucional de amparo, la determinación de la jueza recurrida, implica mantener al recurrente preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes”.

“Entrando –prosigue– a la revisión de la resolución recurrida y de si ella incurre en una ilegalidad o arbitrariedad al rechazar la petición del recurrente de sustituir el cumplimiento efectivo de la condena que le afecta, por arresto domiciliario total en su rewe, por el lapso de seis meses a contar de la fecha de la sustitución, se estima que la misma no vulnera los alcances de las facultades entregadas al juez de garantía por el artículo 95 del Código Procesal Penal. En efecto, la resolución cumple con las exigencias de fundamentación propias de una resolución como es la de naturaleza de la impugnada, ajustándose a lo requerido por el artículo 36 del Código Procesal Penal, habiéndose dictado la resolución impugnada por autoridad competente, dentro de sus atribuciones facultadas por la ley”.

“Que, adicionalmente, en cuanto a una supuesta arbitrariedad de la resolución impugnada por este recurso constitucional, por justificar la improcedencia de la solicitud en no estar acreditada una afectación de la integridad psíquica del recurrente, en circunstancia que lo alegado es una afectación de su integridad psicológica al estar separado de su Rehue, configurando lo que en el recurso se denomina enfermedades ‘kisu kutxan’ que habría sufrido el Machi Celestino a lo largo de los 7 años de encarcelamiento por la condena que le afecta, cabe consignar que la resolución se hace cargo de ello. En efecto, tal como se contiene la resolución recurrida, la magistrado expresa que, en el contexto de la atribución del artículo 95 del Código Procesal Penal ante los Juzgados de Garantía, se ha ido ampliando el conocimiento de revisión de la situación del condenado para poder ver la integridad física y síquica, por lo cual valida tener a la vista en la audiencia respectiva resuelta el 1 de Julio de 2020 al machi Celestino Córdova”, añade.

“En este sentido la magistrado agrega que ‘teniendo en consideración que una de las circunstancias que si podría considerarse enfermedades propias del machi por no estar dando cumplimiento a esta situación’, y si bien concluye ‘que no se ve afectado por ahora, gravemente es la integridad física, mantengo y no doy lugar al recurso de amparo, interpuesto por la defensa, en cuanto a modificar por el tiempo en que la OMS declare la pandemia de covid 19, con un arresto domiciliario parcial en su domicilio, ello no implica que no se hizo cargo de la problemática psicológica alegada, ya que la considera cuando expresa ‘enfermedades propias del machi’. Por ende, cabe concluir que la magistrado consideró la eventual afectación psicológica alegada, aun cuando se cierre su proceso argumentativo con referencia solo a la ‘integridad física’”, afirma la resolución.

“Que, dado lo expuesto y no cumpliéndose los supuestos de procedencia de la acción constitucional de amparo, será desestimado el recurso interpuesto, ya que no se observa que la resolución cuestionada configure un acto ilegal o arbitrario que vulnere, perturbe o amenace la libertad personal y seguridad individual del amparado, en los términos que establece la Constitución, sin perjuicio de las alegaciones que se ejerzan planteado el mismo requerimiento por las otras vía que permite el ordenamiento jurídico, y sin que pueda estimarse que este rechazo conlleve un pronunciamiento en cuanto al fondo de la pertinencia de lo solicitado”, se resuelve.

COLEGIO MEDICO

Las diputadas Claudia Mix (Comunes), Emilia Nuyado (PS) y el diputado Boris Barrera (PC), solicitaron hoy a la Presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, que se pronuncie públicamente respecto al grave estado de salud en el que se encuentra el Machi Celestino Córdova y los presos mapuche de Angol, quienes llevan 88 días en huelga de hambre.

A través de una carta, los parlamentarios señalaron que “tanto las vocerías del Machi como las de los presos de Angol nos han expresado que es muy importante que el Colegio Médico, como institución y sus autoridades, hagan público un pronunciamiento respecto al grave estado de salud por el que atraviesan y ante la ausencia de medidas humanitarias por parte de las instituciones del Estado que protejan la vida de cada uno de ellos, sin vulnerar los tratados internacionales”.

“Ojalá pueda acoger con celeridad nuestra petición e interceder de forma urgente para que se alcance una solución. Hoy hay 27 hermanos mapuche en huelga de hambre y no es posible que sigan sosteniendo ese nivel de presión y exponiendo sus propias vidas por culpa de un Gobierno que se niega a acoger sus demandas”, agregaron en la misiva.

Al respecto, la diputada Claudia Mix señaló que “pedimos que la presidenta del Colegio Médico de Chile se pronuncie públicamente respecto al grave estado de salud en el que se encuentran tanto el Machi Celestino Córdova como los demás presos políticos mapuche en huelga de hambre. Ellos no están enfrentando un problema judicial o penitenciario, sino que uno de carácter humanitario, por lo que consideramos que es sumamente importante que la máxima autoridad gremial de una de las instituciones más importantes del país en el escenario actual, acoja nuestro llamado y ayude a aumentar la presión para que el Gobierno de Sebastián Piñera deje la intransigencia de lado y aplique el Convenio 169”.

“La vocería del Machi Celestino Córdova, como la vocería de los hermanos que están en huelga de hambre en la cárcel de Angol, han solicitado el pronunciamiento de la presidenta del Colegio Médico para que ayude a generar un diálogo con el gobierno. Para que se pueda deponer esta huelga de hambre, para que se pueda establecer alguna salida y acuerdos, debe haber un diálogo del gobierno con las vocerías, con sus representantes, con las autoridades ancestrales y autoridad espiritual”, afirmó la diputada Nuyado.

Por su parte, el diputado Barrera indicó que “la situación del machi Celestino Córdova es muy grave y cada día que pasa se hace aún más compleja, como también para todos los presos políticos. Por ello no solo es necesario redoblar la solidaridad con el pueblo mapuche y los prisioneros, sino también que organismos como el Colegio Médico y en particular la presidenta del gremio, Izkia Siches, se pronuncien y hagan gestiones ante el gobierno para que acoja las demandas y aplique el Convenio 169”.

ABONO DE CONDENA

La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó los recursos de apelación presentados en contra de la sentencia que reconoció como abono el tiempo que pasó privado de libertad en causa diversa Luis Sergio Tralcal Quidel, condenado como autor del delito de incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger Mackay.

En el fallo (causa rol 571-2020), la Primera Sala del tribunal de alzada no dio lugar a los recursos deducidos por la fiscalía, el querellante familia Luchsinger Mackay y la Intendencia Regional de La Araucanía, tras descartar que la sentencia impugnada se dictara con vicios legales.

«Que, en estos antecedentes se han deducido por el Ministerio Público, querellante particular y querellante Ministerio del Interior, recursos de apelación en contra de la resolución de fecha ocho de julio de dos mil veinte, que acogiendo la solicitud de la defensa de abonar el periodo de tiempo que el sentenciado estuvo sujeto a medidas cautelares restrictivas de libertad en causa diversa, dispuso abonar 297 días en que el sentenciado Luis Sergio Tralcal Quidel estuvo sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva en causa RIT 1.502-2006 del Juzgado de Garantía de Nueva Imperial a la presente RIT 9.544-2013 del Juzgado de Garantía de Temuco. Alegan en estrados sufrir agravio, pidiendo se revoque la sentencia conforme a derecho rechazando, en definitiva, la solicitud, así como la defensa, solicitando su confirmación” sostiene el fallo.

La resolución agrega: “Que la controversia planteada supone analizar la procedencia de los abonos heterogéneos, es decir, aquellos que tienen su fundamento en una causa distinta a la que se pretende abonar. Al respecto, si bien, han existido pronunciamientos disímiles por parte de la jurisprudencia, la tendencia reciente es a acogerlos, máxime si en la causa que se generaron los días de abono el sentenciado fue absuelto. (…) En consecuencia, procede revisar la normativa que regula la cuestión, para dilucidar si existe o no impedimento legal para reconocerlos. Así, del análisis de la normativa aplicable al caso concreto, esto es, los artículos 348 del Código Procesal Penal y 164 del Código Orgánico de Tribunales, en cuanto ambas causas no estuvieron en condiciones de tramitarse conjuntamente, no es óbice para reconocer el abono en causas diversas, pues los citados preceptos resultan aplicables a hipótesis distintas. (…) En consecuencia, ninguna de las normas citadas, prohíbe o impide, abonar en causa diversas, independientemente de que no hayan podido tramitarse conjunta o simultáneamente”.

Para el tribunal de alzada: “Las normas penales deben ser interpretadas restrictivamente sólo en el caso de afectar derechos fundamentales de los imputados, pero no cuando ellas dicen relación con los efectos libertarios de cualquier apremio o restricción a su libertad, como ocurre con el abono pedido por el amparado, conforme a las características ya descritas; lo que está en concordancia con la garantía que reconoce el artículo 19, N° 7 de la Constitución y con la norma del artículo 5° del Código Procesal Penal que dispone: ‘Legalidad de las medidas privativas o restrictivas de libertad. No se podrá citar, arrestar, detener, someter a prisión preventiva ni aplicar cualquier otra forma de privación o restricción de libertad a ninguna persona, sino en los casos y en las formas señaladas por la Constitución y las leyes. Las disposiciones de este Código que autorizan la restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o del ejercicio de alguna de sus facultades serán interpretadas restrictivamente y no se podrán aplicar por analogía”.

“Que –prosigue–, tanto los principios que cimientan el proceso penal como la propia Carta Fundamental, aconsejan reconocer la procedencia de los abonos heterogéneos, máxime si la pena finalmente en la causa en que se generaron el sentenciado resultó absuelto, estando sujeto por casi trescientos días a medidas cautelares privativas o restrictivas de libertad. En efecto, ante la duda de si procede o no reconocer los abonos, procede aplicar el principio del in dubio pro reo. (…) La Corte Suprema ha resuelto que ‘Si la privación temporal de la libertad resulta injustificada, como en este caso en que el afectado por la prisión preventiva fue absuelto de los cargos, no puede exigírsele que simplemente se conforme con esa injusticia que derivó de un exceso en el ejercicio del ius puniendi del Estado; en especial si después de ello y dentro de los plazos de prescripción, debe cumplir una condena privativa de libertad’. (…) Advirtiéndose que, en la causa RIT 1.502-2006 del Juzgado que se generaron los abonos por 297 días, el sentenciado absuelto de los cargos formulados, al igual que en la sentencia citada, corresponde reconocer dicho tiempo a la presente causa RIT 9.544-2013 del tribunal A Quo, por estimarse dicha interpretación más condigna con los aludidos principios penales y constitucionales, según se ha razonado, tal como lo hizo la resolución impugnada”.

Por tanto, se resuelve que: “SE CONFIRMA la resolución de fecha ocho de julio de dos mil veinte, que acogió la solicitud de la defensa del sentenciado LUIS SERGIO TRALCAL QUIDEL de reconocer 297 días de abono generados en causa RIT 1.502-2006 del Juzgado de Garantía de Nueva Imperial a la causa RIT 9.544-2013 del Juzgado de Garantía de Temuco”.

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