Una detallada exposición ante la Comisión Investigadora de casinos de juego que preside el diputado PPD Rodrigo González, efectuó el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno. La presentación abordó, entre otros aspectos, el impacto en las finanzas regionales y locales por el cierre de los casinos debido a la pandemia de Covid-19.
La Comisión Investigadora de los actos de los órganos de la administración encargados de fiscalizar los casinos de juego, particularmente del estado de insolvencia del grupo Enjoy y el daño a las finanzas regionales y municipales, recibió al subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, quien expuso sobre la industria de casinos en Chile, las leyes 19.995 y 20.855 que rigen a la actividad; los impuestos y pagos al Estado producto de la explotación de los casinos, el proceso de otorgamiento de permisos de operación; la pérdida de ingresos por el cierre de los casinos debido al Covid-19 y el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos.
Sobre la situación de la industria en el país, Moreno explicó que actualmente opera el máximo de casinos autorizados en la ley Nº 19.995, 24 recintos, más dos en la comuna de Arica, la cual puede tener un número ilimitado de casinos. Agregó que hay siete casinos municipales, cinco de ellos en transición al régimen general, con permisos adjudicados y en proceso de desarrollar sus proyectos de inversión. En tanto, los casinos municipales de Arica y Puerto Natales se encuentran pendientes de realizar un nuevo proceso de licitación.
En términos de empleo, los casinos generan un total de 8.982 puestos de trabajo que se desglosan en 6.018 en los casinos y 2.964 en servicios anexos. Además, la oferta de habitaciones de los que cuentan con un hotel anexo alcanza a 1.944.
Desde el punto de los ingresos, el subsecretario de Hacienda detalló que se grava con una tasa de 0,07 UTM cada entrada a los casinos de juego, monto que ingresa a las rentas generales, y se aplica, además, el IVA que va también a este item de rentas. En términos de impuestos específicos al juego, señaló que se aplica un 20% a los ingresos brutos obtenidos, los que se reparten en 50% al patrimonio de la municipalidad respectiva, para ser destinado al financiamiento de obras de desarrollo, y el otro 50% al patrimonio del Gobierno regional, también para obras de desarrollo. A su vez, se grava con el impuesto a la renta cuyo destino es las rentas generales de la Nación.
Respecto de cómo se han afectado estos ingresos estatales debido a la prohibición de funcionamiento de los casinos por la pandemia de Covid-19, el subsecretario Moreno sostuvo que al comparar el actual período abril-junio con el del año pasado, el Gobierno Central dejó de percibir más de 24 mil millones de pesos por concepto de IVA e impuesto de las entradas a los recintos. Mientras que los ingresos de los gobiernos regionales y municipios sufrieron una merma de 32 mil millones de pesos.
Consejo Resolutivo de Casinos
Sobre el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego, la autoridad precisó que este lo integran el subsecretario de Hacienda (que lo preside), el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, el subsecretario de Turismo; el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, el intendente regional respectivo; dos representantes nombrados por el Presidente de la República, con acuerdo del Senado, cargos que actualmente ocupan Luis Eduardo Bresciani y Raphael Bergoeing, y el superintendente de Casinos.
Las funciones de dicho consejo son básicamente ratificar, solicitar la revisión o poner término a la evaluación, en su caso, de las solicitudes de permisos de operación o su renovación; participar en la audiencia de presentación de ofertas técnicas y de apertura de ofertas económicas, y otorgar, denegar, renovar y revocar los permisos de operación de casinos de juego en el país.
A modo de conclusión, el subsecretario de Hacienda afirmó que los casinos de juego son un pilar de desarrollo para los municipios y las regiones, ya que solo entre 2008 y 2019, contribuyeron con más de 1,3 billones de pesos en impuestos a las arcas fiscales, regionales y municipales.
Concluida la exposición, la Comisión Investigadora acordó pedir a la Sala una prórroga de 30 días a su mandato, que vence el próximo 11 de septiembre; extensión que requiere de simple mayoría para ser aprobada.
