Comisión que analiza acusación constitucional contra Víctor Pérez votará este jueves su admisibilidad. Defensora de la niñez y juristas expusieron sus argumentos

“Resulta preocupante la falta de control jerárquico de Carabineros”, sostuvo la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, durante su exposición ante la comisión que analiza la acusación constitucional presentada contra el ministro del Interior Víctor Pérez.

Muñoz sostuvo que, a la luz de los hechos ocurridos, se mantiene en el país una grave y sistemática violación a los derechos humanos por parte de la policía uniformada, lo que no se ha modificado con la llegada al cargo del actual secretario de Estado.

Al respecto, la defensora planteó que en el momento en que asume una autoridad, lo que se espera es que haya un cambio positivo, situación que en este caso no se produjo.

“Esperábamos que Carabineros respondiera a la Ley Orgánica, en orden a la obediencia y no deliberación, pero hemos visto que la institución mantiene el mismo accionar, mientras que el ministro en virtud de sus propias declaraciones, les entrega un respaldo irrestricto”, precisó.

Patricia Muñoz explicó que, cuando se tomó conocimiento que Víctor Pérez asumía en el cargo, se le envió un oficio con observaciones respecto de los excesos en el actuar de la policía uniformada “por si este no recibía o no disponía la información de parte de su antecesor, el ministro Blummel, referido a la vulneración de derechos”, el que nunca tuvo respuesta.

En virtud de ello, planteó sus cuestionamientos al principio de dependencia, señalando que Carabineros debe ser “una institución obediente y no deliberante que depende exclusivamente del control y la supervisión del Ministerio del Interior”, sin embargo, en el caso del puente Pio Nono, por ejemplo, “es claro que este control y esta supervisión prácticamente no existe, porque lo que hemos visto es un ministro que solo respalda el actuar policial y ni siquiera se cuestiona si en este caso pudo haber existido un delito”.

“¿Qué pasó con el mando, qué obligaciones o instrucciones entregó el ministerio al mando, considerando que el único uniformado que está separado de la institución, y por razones administrativas, es el carabinero de 22 años que está formalizado. Qué pasó con el mando tras la caída del joven y por qué el piquete se retiró sin prestarle ayuda? Qué pasó con este comportamiento policial indebido?”, cuestionó la defensora.

Caso Pío Nono
Anta la instancia expuso, además, el abogado Fernando Monsalve, representante de la familia del menor de 16 años lesionado tras caer al lecho del río Mapocho, en medio de una acción de carabineros, el pasado 2 de octubre, quien informó que desde esa fecha el menor se encuentra con trauma no solo físico, sino que también sicológico.

“Un abuso no es tolerable por nuestra sociedad, un crimen no es tolerable por la sociedad, no es tolerable cuando se critica la presentación y el apoyo a esta acusación constitucional, porque no es prudente lanzar a una persona desde un puente, no acercarse a la víctima, no acercarse a su familia, ni menos presionar al poder judicial cuando se dice, por televisión pública, que este caso no va a terminar en homicidio frustrado. Eso no es prudente ni tolerable”, manifestó.

Ante la instancia también expusieron Rodrigo Pérez, vocero de la familia de Aníbal Villarroel, fallecido el 18 octubre de 2019, y Miguel Espinoza, director del medio independiente Piensa Prensa, quien se refirió a los registros audiovisuales difundidos por este medio de comunicación, que dan cuenta del registro de violaciones a los derechos humanos.

Cabe señalar que la comisión deberá votar este jueves la admisibilidad de la acusación constitucional, con el objeto de que la Sala de la Cámara se pronuncie este viernes respecto de ella.

ABOGADOS

La comisión que analiza la acusación constitucional en contra del ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, recibió en esta jornada la opinión sobre el libelo acusatorio de tres abogados.

El primero en exponer fue Gonzalo García, profesor de derecho penal de la Universidad de Los Andes. Si bien señaló que, a su juicio, la ley de Seguridad Interior del Estado debería ser derogada, fue bastante crítico del contenido del libelo acusatorio.

En su exposición sostuvo que las tesis planteadas en los primeros dos capítulos de la acusación serían “evidentemente erróneas desde el punto de vista jurídico y derechamente infundadas desde el punto de vista fáctico”.

Argumentó que, de acuerdo a lo descrito en el libelo, la adopción de cualquiera de las medidas tomadas por el ministro frente a los hechos que se le imputan, pueden ser entendidas y calificadas como legítimas y no como una vulneración a la ley. “Solo la superación de los límites sustantivos por falta absoluta de razonabilidad y objetividad pueden ser caracterizados como arbitrarios”, puntualizó.

Por lo tanto, desde su mirada, el uso de conceptos como “irracional y arbitrario” resultaría ser un argumento “tosco”. Finalmente, afirmó que el libelo acusatorio “lamentablemente no incorpora ningún análisis de variables que harían posible la calificación de arbitrariedad”, sino simplemente agrega algunos casos que no se detallan lo suficiente como para establecer que fuera obligatorio el tratamiento igualitario en los hechos descritos.

Claudio Nash
Por su parte, el abogado Claudio Nash, profesor de derecho de la Universidad de Chile, señaló que en su exposición intentaría plantear una mirada transversal a los temas que están en la base de la acusación constitucional, considerando supuestos sobre la relevancia de los derechos humanos.

A su juicio, lo que esta acusación debe resolver es si el actuar del ministro del Interior ha incurrido o no en una aplicación discriminatoria, por razones políticas, de la legislación vigente frente a la protesta social.

Frente a esto, su posición es que el actuar de Carabineros frente a las movilizaciones es una respuesta política y no es un actuar aislado o aleatorio por parte de la institución, un “diseño estratégico de cómo responder a las manifestaciones políticas”, argumentó.

Desde su perspectiva, se estaría implementando un menor uso de perdigones, pero reprimiendo con mayor intensidad en los primeros momentos de las manifestaciones con el uso de carabineros.

El abogado puso como ejemplo la respuesta diferente frente a la actuación violenta contra comuneros mapuches frente a las formas que se usan contra quienes serían los opositores del gobierno. Una situación similar que se habría reflejado en el caso de la protesta de los transportistas.

Si bien considera que cierto grado de discrecionalidad para el uso de elementos penales es posible, eso no puede generar que esta discrecionalidad derive en arbitrariedad, que es lo que pasa cuando hay un uso discriminatorio de las facultades.

Finalmente, señaló que, a su juicio, es fundamental el poder que tiene el parlamento de controlar las actividades ilícitas de una alta autoridad del Estado, como la única forma de restablecer el imperio del derecho en el país.

Álvaro Sepúlveda
El último en exponer fue el abogado Álvaro Sepúlveda, profesor de derecho administrativo de la Universidad del Desarrollo. En la primera parte de su presentación, realizó un resumen de las normas que establecen el control jerárquico de los órganos de la administración del Estado.

Al respecto, explicó que la normativa actual señala que la dirección, administración y representación del personal de Carabineros de Chile se radican en primera instancia en el general director de la institución y luego en los oficiales generales, superiores y subalternos.

De este modo, las leyes no facultarían al ministro del Interior para estos fines, ni siquiera como jefe de servicio, razón por la cual, no sería posible sostener, conforme al ordenamiento jurídico que, a partir de la dependencia de Carabineros del Ministerio del Interior, un control jerárquico del ministro a cargo de la cartera.

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