Representados por el abogado Gabriel Muñoz, el Movimiento Un Parque para Las Salinas presentó durante esta jornada ante el Servicio de Evaluación Ambiental, un recurso de reclamación contra el el dictamen que dio el visto bueno al plan de saneamiento de los terrenos ubicados en el borde costero de Viña del Mar, fase previa a la instalación de un proyecto inmobiliario que anota una veintena de edificios de altura, centros comerciales, deportivos y áreas de esparcimiento en el sector.
Una acción legal que fue respaldada por el senador del Frente Amplio Juan Ignacio Latorre, quien sostuvo que la acción legal se fundamenta en en la aprobación del saneamiento «de los terrenos usados por más de 80 años por Copec, Shell, entre otras empresas, lo que generaría efectos secundarios en la salud de los vecinos del sector, dado el grado de contaminación del suelo».
El parlamentario de Revolución Democrática destacó que «es importante que las autoridades escuchen a los vecinos, y a la ciudadanía organizada y movilizada representada por el abogado Gabriel Muñoz y se puedan destinar estos terrenos a la habilitación de un parque natural para la ciudad. Por el derecho a la ciudad, hemos apoyado este requerimiento”.
El abogado Gabriel Muñoz, en conversación con G5noticias, destacó que la aprobación de plan de la Inmobiliaria Las Salinas fue «ilegal y arbitrario», puntualizando que «la reclamación presentada tiene como fundamento las distintas irregularidades e ilegalidades presentadas por la empresa para descontaminar el terreno de las ex petroleras». Agrega que la empresa tiene una deuda con la ciudad por la contaminación de años, por lo cual además de descontaminar el terreno debería entregarlo para un espacio público a la comunidad. «En un contexto de pandemia la empresa tiene una propuesta de biorremediación tiene defectos graves que pueden causar efectos sobre las personas y problemas sobre los viñamarinos que viven cerca de Las Salinas», afirmó el profesional, quien puntualizó que la empresa sólo transparentó su proceso al momento que se conoció la RCA del proyecto, lo que a su juicio es violentar la democracia y transparencia que se requiere con la ciudad. «No se cumplió con la mínima democracia ambiental de este proyecto y se hizo a las espaldas de la ciudadanía viñamarina… por todos eso y aunque no tengamos esperanzas en el comité de ministros, presentamos nuestra reclamación», concluyó.
