Política

Diputados ratifican informe de comisión que indagó sobre cifras de fallecidos en la pandemia

Por 58 votos a favor, 44 en contra y doce abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe de la comisión investigadora sobre las cifras de defunciones relacionadas con el Covid-19 (CEI 50).

El informe, presentado ante la Sala por la presidenta de la instancia, diputada Marisela Santibáñez (PC), estableció que el Presidente de la República y el ministerio de Salud, junto a sus subsecretarios, son los responsables políticos del manejo de la pandemia en Chile y sus efectos.

En cuanto a las muertes por Covid-19, se corroboró que, en nuestro país, el registro de fallecidos se realiza a través de diversas fuentes de información:

El Sistema de Registro, Alerta y Vigilancia de Enfermedades de Notificación Obligatoria (EPIVIGILA).
Los certificados médicos de defunción inscritos en el Registro Civil, que sirven como base para la elaboración de las estadísticas de defunciones por parte del Departamento de Información y Estadística en Salud (DEIS).
Otras vías, como las planillas diarias de reporte UGCC, las de defunciones de regiones y el subsistema de comunicación inmediata de defunciones relacionadas con el Covid-19.

Dicha diferencia de criterios, según la comisión, es la que explica las distintas cifras reportadas públicamente a la ciudadanía en los denominados reportes diarios y las informadas a la OMS, hecho que, al conocerse a través de medios de comunicación, se convirtió en uno de los motivos que provocó la renuncia del exministro de Salud, Jaime Mañalich.

El texto indica que, esa falta de rigurosidad metodológica en la entrega de los reportes, bajando la tasa de letalidad del Covid-19, alteró la percepción de la ciudadanía en torno a la mortalidad de la pandemia en el país, generando una sensación de buen manejo por parte de la autoridad en el control sobre el virus, de la existencia de una nueva normalidad y “de minimizar la realidad sobre una pandemia que, hasta el día de hoy, está lejos de ser controlada”.

En cuanto a la trazabilidad y concepto de “nueva normalidad”, la comisión investigadora determinó que, a mediados del mes marzo de 2020, ya no se conocía el origen del contagio, con lo cual se “perdió la trazabilidad”. Con esto, la implementación de “cuarentenas dinámicas” no respondieron a criterios epidemiológicos claros.

Sobre el concepto “nueva normalidad”, utilizado en el mes de abril, el informe indica que no existía un nivel razonable de trazabilidad, por cuanto no bastaba mantener una supuesta estabilidad o meseta de contagios para proceder, por ejemplo, a la apertura de Malls.

“Para la Comisión resulta evidente que el Gobierno cometió desaciertos comunicacionales, los que se expresaron en mensajes comunicacionales hacia la ciudadanía poco claros, polemizando públicamente con las recomendaciones de expertos”, fue otra de las conclusiones.

Asimismo, planteó que “el errático y temerario manejo comunicacional del Gobierno, particularmente del Presidente de la República y del exministro de Salud, Jaime Mañalich, constituyen actos reprochables, puesto que contribuyeron a una mayor desconfianza de la ciudadanía en las medidas adoptadas por las autoridades”.

Por otra parte, se estimó que el “Plan Paso a Paso” llegó de manera tardía, el 23 de julio de 2020. Consiga que, hasta esa fecha, la mayor parte de la población estuvo sometida a decisiones de la autoridad sanitaria, que restringieron sus derechos y libertades, sin que se tuviera mayor información respecto de los criterios técnicos utilizados para adoptarlas.

La comisión investigadora propone en su informe final rediseñar la estrategia para hacer frente a la pandemia por Covid-19, permitiendo el fortalecimiento y confiabilidad del sistema estadístico a través de la vinculación temprana, por parte del Ministerio de Salud, de la comunidad científica y académica en la gestión de las estadísticas relacionadas con pandemia, así como seguir las recomendaciones para hacer frente al virus.

En ese sentido, planta que el Gobierno ajuste las cifras de fallecidos comunicadas públicamente, igualándolo al registro de fallecidos llevado por el DEIS, considerando, por tanto, los casos sospechosos y los casos confirmados, tal como recomienda la OMS y el Colegio Médico.