A cambiar las reglas del juego. Por Margarita Pastene Valladares, ex presidenta del Colegio de Periodistas de Chile

El diagnóstico sobre la situación que aqueja al periodismo y a los medios de comunicación en el país ya está hecho. Desde el gremio periodístico en su momento, ya por el año 1992, surgieron voces de alerta manifestando la preocupación por el duopolio imperante y advirtiendo, entre otras cosas, que ello no contribuía ni era favorable al proceso inicial de recuperación de la democracia que se pretendía alcanzar.

Y el proceso no era fácil con ese escenario, porque los medios pertenecientes a dos grandes y poderosos conglomerados, arrastraban un penoso historial de negacionismo, hábito que replicarían sin tapujos en estos últimos años, a conveniencia del poder económico que, en un sistema neoliberal, resulta sinónimo de poder político. Así, resultó complejo avanzar en la construcción de una verdadera democracia para Chile.

Espacio para otras alternativas, prácticamente no hubo y, muy por el contrario, en la medida que prosperaba la economía y las leyes del mercado se imponían en todos los ámbitos de la vida, sucumbían prácticamente todos los medios que contribuyeron de manera decisiva a poner fin a la dictadura. Aquellos medios que develaron las verdades sobre las violaciones a los derechos humanos, que daban cuenta de la dramática situación socio-económica de la mayoría de chilenos y chilenas. Se trataba de una tarea noble de correr el cerco con lo que era evidente y había que revelar, no en la medida de lo posible, sino arriesgando la vida, para salvar la de otros y otras.

Ya en democracia, los medios del establishment, lejos de ser cuestionados por su rol en dictadura, recibían salvataje económico -gobiernos de la Concertación mediante- por la vía de los avisajes del Estado, sin cuestionamientos, sin exigir reparación. Sin embargo, a los medios democráticos se les negó y se les ha negado, hasta hoy, la sal y el agua y, a pesar de los esfuerzos de los equipos periodísticos, fueron desapareciendo uno a uno, sin que nadie o muy pocos, hayan reparado en ello.

El cierre de medios de comunicación es un grave daño a la democracia, sin duda, y peor aun si se privó a la sociedad chilena de los medios que jugaron un rol fundamental en la recuperación de ella. La carta pública que el equipo periodístico de Rocinante envió al entonces Presidente Ricardo Lagos Escobar -difundida en el último número de la revista, en 2005- hay que sacarla a luz cuantas veces sea necesario, porque sintetiza una realidad que perdura hasta hoy: “Nos parece preocupante que, más allá de las buenas intenciones y discursos oficiales en pos del pluralismo y la diversidad, los tres gobiernos de la Concertación se hayan omitido de plantear políticas publicas ante el duopolio de la prensa escrita y la creciente concentración de la propiedad de parte de grandes consorcios que también controlan la radio y el cable”. Agrega la nota, al parecer sin respuesta, que “esta situación resulta particularmente grave si asumimos que el Estado chileno, a través de sus empresas, concentra una cantidad de recursos en materia de inversión publicitaria que refuerza este déficit del pluralismo, al invertir casi exclusivamente dichos recursos en los grandes consorcios y monopolios de la comunicación”.

En un país como el nuestro, en donde el derecho a la comunicación ha sido conculcado y el valor informativo se subyuga a los intereses del mercado, no ha resultado extraña ni exagerada la indignación generalizada de la gente que, saltando torniquetes, no sólo ha reclamado por la precariedad social y económica, sino también por la intolerable desconexión de la prensa con el Chile real.

Entonces resulta oportuno, a propósito del proceso constituyente que vivimos, interpelar a las y los candidatos/as a la Convención Constituyente para que no se pierda esta oportunidad única para cambiar las reglas del juego en el ámbito del periodismo y las comunicaciones. Es importante conseguir que se comprometan, por el bien de la democracia, a consagrar en la Nueva Constitución el Derecho a la Comunicación y, desde allí, poder establecer un nuevo Sistema Informativo Nacional, acorde a los principios fundamentales de una real democracia.

Necesitamos avanzar en un marco regulatorio para evitar monopolios informativos e impulsar, en cambio, la creación de medios de derecho y servicio público, y generar las condiciones favorables para el desarrollo y fortalecimiento de medios comunitarios en todos los rincones del país. Un marco regulatorio que otorgue y proteja los derechos laborales a trabajadoras y trabajadores del periodismo y las comunicaciones, además de impulsar el rol fiscalizador de la ciudadanía sobre el comportamiento de los medios y el ejercicio del periodismo.

En este momento, en que se inician las campañas para lograr un cupo en la Convención Constituyente, es perentorio recordar lo relevante que es para nuestro país, cambiar las reglas del juego y trabajar con convicción para el establecimiento de un nuevo sistema informativo. Se requiere debatir, desde la academia, los gremios y la ciudadanía, respecto de cómo enfrentar el futuro de las comunicaciones y el periodismo, vital para la convivencia ciudadana, para garantizar a las personas y a la comunidad la libertad de expresión, el libre acceso a la información plural y fidedigna, con medios despojados de prácticas contemplativas y condescendientes con el poder, en todas sus formas.

Justo cuando conmemoraremos, el 13 de febrero, la publicación del primer número de la Aurora de Chile, tenemos que plantearnos como país lo que será fundamental para una nueva sociedad, descubriendo y redescubriendo otras y nuevas formas para desplegar la tarea informativa, sostenida en los principios fundamentales de la ética periodística.

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