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Gobierno envía proyecto que endurece penas para “encerronas”, delitos contra niños, adultos mayores y discapacitados

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La Presidencia de la República informó a través de un comunicado que “el Presidente Piñera enviará al Congreso un proyecto de ley que endurece las penas respecto a los delitos violentos que involucren un robo en contra de niños, personas menores de 14 años, mayores de 60 años, o en situación de discapacidad”.

Agrega que “la iniciativa contempla un aumento en las sanciones respecto de aquellos casos en los que, con ocasión del delito, se produjese la muerte de un niño, o cualquier persona, que, en atención a sus circunstancias de edad o salud, debiese ser objeto de especial protección por parte de la legislación penal”.

El proyecto de ley consiste en la introducción de dos modificaciones al Código Penal. La primera de ellas se orienta a establecer una circunstancia calificante al delito contemplado en el artículo 433, esto es, cuando con motivo u ocasión del robo con violencia o intimidación en las personas, se cometiere homicidio, violación, lesiones gravísimas, graves o la víctima fuere retenida para la comisión del delito.

De esa forma, en virtud de esta modificación legal, cuando el resultado recae sobre un infante, adulto mayor o persona en situación de discapacidad, se impondrá la pena en su máxima intensidad. Así, por ejemplo, en el robo con homicidio o violación, la pena será de presidio perpetuo calificado, esto es, la privación de libertad del condenado de por vida, máxima sanción que contiene nuestro Código Penal.

Adicionalmente, la segunda de las modificaciones propuestas, incorpora un inciso nuevo al artículo 436 del Código Penal, y tiene por objeto tipificar de manera precisa la conducta de la denominada “encerrona”, entendiendo por tal la apropiación de vehículo motorizado, realizada en la vía pública, mediante la obstaculización de ésta por medio de otro u otros vehículos motorizados, la que será sancionada con presidio mayor en su grado mínimo, esto es, pena de cárcel entre 5 a 10 años, salvo en aquellos casos en que medie violencia o intimidación, que puede llegar a 20 años de privación de libertad.

Esta iniciativa surge a raíz de los lamentables episodios que han conmocionado al país en días recientes, y que han derivado en la muerte de dos menores de edad en el contexto de hechos delictuales que han involucrado robos de vehículos. “El Gobierno reitera su absoluta condena de estos sucesos y su férreo compromiso de llevar
adelante todas las acciones necesarias para que no exista impunidad frente a estos crímenes”, concluyó.

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