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Girardi pide cancelar registro de clínicas abusivas y sanción penal para sus gerentes

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El senador Girardi ofició a la Superintendencia de Salud para que retire el registro -que permite atender pacientes GES- a las clínicas que condicionen la atención a previo pago en efectivo y anunció un proyecto de ley para sancionar penalmente a los gerentes de esos establecimientos que ponen en riesgo la vida de los pacientes. También enviará otra iniciativa que regule el costo de los exámenes que realizan las entidades privadas.

El senador Guido Girardi, miembro de la Comisión de Salud del Senado, anunció -este lunes- que ya envió un oficio a la Superintendencia de Salud (SS) para que cancele el registro -que permite atender pacientes GES- a las clínicas privadas que condicionan la atención de salud al previo pago de dinero en efectivo o a través de una tarjeta de crédito, incluso en situaciones de emergencia.

El parlamentario, autor de la ley que terminó con el cheque en garantía, afirmó que enviará una iniciativa legal para que los gerentes de estas clínicas “que violan la ley y ponen en riesgo la vida de los pacientes, sean sancionados penalmente por cuasidelito de homicidio o lesiones gravísimas”.

Así mismo, el senador -responsable de las denuncias contra clínicas por cobro abusivo de exámenes- afirmó que la próxima semana presentará un proyecto de ley “que establezca regulaciones a los precios de los exámenes” luego que un estudio de la SS constatará diferencias de hasta 1.800% para un mismo examen.

Girardi afirmó creer que “en Chile debe existir una medicina privada, pero ética. Lamentablemente, muchas clínicas -no todas- no tienen esos mínimos éticos. Eso ocurre cuando se privatiza la salud y se transforma en un bien privado y no en un bien público, el problema es que en el caso de la salud se pueden situaciones tremendamente dramáticas”.

ATENCIÓN CONDICIONADA

El senador señaló que “presentamos un conjunto de denuncias a la Superintendencia por lo que consideramos cobros ilegales y que atentan contra los derechos fundamentales de las personas”.

Afirmó que “fuimos uno de los autores de la ley que prohibió los cheques en garantía y que impulsó la ley de urgencia, porque nos parecía inmoral que existieran condicionantes de pago a personas que estaban con necesidad imperiosa de atención. Violar esta norma es violar preceptos fundamentales como el juramento hipocrático y los derechos humanos porque puede causar daños irreparables y la muerte”.

Y recordó que “pese a las leyes vigentes (…) en 2020 presentamos un conjunto de denuncias a la SS contra la Clínica Dávila, porque pedía dinero en efectivo, muchas veces, para atenderse por ley de urgencia y si no reunían el dinero no los atendían. Y se establecieron sanciones. También denunciamos a la Clínica Indisa que tenía la misma práctica y le pedimos al superintendente (Patricio Fernández) que hiciera una revisión extendida de que otros establecimientos estaban haciendo lo mismo y que se las sancionara”.

Girardi valoró lo obrado por Fernández, pero dijo creer que “este tipo de práctica se mantienen -pese a la vulnerable situación que vive el país, algunos buscan obtener ganancias indebidas- por lo que oficiamos al superintendente para que en caso de reincidencia se aplique la sanción máxima que es la pérdida por dos años del registro que le permite operar con pacientes GES”.

SANCIONES PENALES

El senador también anunció que presentará un proyecto de ley para “sancionar penalmente -por cuasi delito de homicidio o lesiones graves- a los gerentes de las clínicas que tengan este tipo de procedimiento. Por ejemplo, la Clínica Indisa tiene un documento donde la gerencia instruye a sus funcionarios a exigir dinero en efectivo o retirar de las tarjetas de crédito para urgencias y otro tipo de prestaciones”.

También anunció que la próxima semana pondrá en tabla un proyecto de ley “que establece regulaciones a los precios de los exámenes” que presentó el año pasado tras denunciar a la Superintendencia “diferencias abismales en precios de un mismo examen” según la clínica que los ofrecía.

A raíz de esa denuncia la Superintendencia realizó un estudio, publicado en la prensa el fin de semana pasado, que constata diferencias de hasta 1.800% para un mismo examen.

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