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Crece presión para que autoridades fiscalicen la pesca ilegal de merluza

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Sindicatos de trabajadores embarcados de la pesca solicitaron a la Contraloría su pronunciamiento sobre la falta de fiscalización a la extracción ilegal del recurso, principalmente en la Región del Maule. Denuncian que en siete años no se ha hecho nada para proteger los recursos marinos ni sancionar la pesca ilegal, delito tipificado y que genera millonarios perjuicios al Estado.

Mediante la presentación de un requerimiento ante la Contraloría General de la República, organizaciones de trabajadores pesqueros de la Región del Biobío solicitaron formalmente al ente su pronunciamiento respecto de la posible falta de servicio en la que distintos organismos del Estado podrían estar incurriendo, al no combatir con firmeza las actividades ilegales de pesca en Chile.

En el documento, dirigido al contralor general Jorge Bermúdez, cuatro sindicatos interempresas de tripulantes de nave piden que la autoridad competente informe sobre las acciones adoptadas en materia de investigación y sanción del delito de pesca ilegal. En concreto, pidieron a la Contraloría oficiar al Ministerio de Economía, además de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura -ambos dependientes de esa cartera-, para que reporten las acciones de investigación, fiscalización y sanción que han desarrollado para proteger los recursos marinos y combatir a las organizaciones de contrabando que participan en actividades de pesca.

Según las agrupaciones que representan al personal embarcado de la pesca, existen una serie de antecedentes que dejan al descubierto la escasa capacidad de fiscalización y sanción que los órganos competentes han tenido, y pese a que el Comité de Manejo de la pesquería del recurso merluza estableció como prioritaria su protección en 2014, no se han visto avances concretos y, por el contrario, el deterioro del recurso ha avanzado dramáticamente.

Incluso una agrupación informal del sector -autodenominada “Mesa Merlucera del Maule”- admitió estar pescando varias veces su cuota anual asignada de 3.000 toneladas, exigiendo aumentarla a 13.000 como requisito para dejar la pesca ilegal. Sin embargo, la extracción clandestina se extiende entre las regiones de Valparaíso a Los Lagos, y apenas un 2% logra ser decomisado.

Los sindicatos agregan que, pese al evidente riesgo a la sustentabilidad de la pesquería de este tipo de acciones; pese a que el valor de mercado de la merluza hace caído hasta en cinco veces su valor debido a la captura ilegal; pese a que la actividad clandestina declara extracciones por más de US$ 300 millones anuales sin ingresos al Estado; y pese a que la pesca ilegal está tipificada como delito, la fiscalización sigue siendo mínima y las mafias siguen controlando las caletas y atemorizando a los pescadores.

Aseguran que de esto han puesto en conocimiento al actual Ministro de Economía y al ex Subsecretario de Pesca y Acuicultura, además del Fiscal Nacional, sin que a la fecha haya habido pronunciamientos sobre el tema. Dicen que ha habido “inacción” de las autoridades, motivo que finalmente los llevó a recurrir ante la Contraloría General de la República.

“Las organizaciones del personal embarcado nos hemos reunido para exigir un pronunciamiento de la Contraloría respecto a un problema que nos viene aquejando y que viene creciendo rápidamente, un problema nuestro pero que también afecta al mundo entero: la pesca ilegal. En la Región del Maule, por ejemplo, se está pescando un 300% sobre la cuota normal asignada en forma anual, y se está haciendo en forma ilegal”, explicó Juan Carlos González, presidente del Sindicato Interempresa de Oficiales de Naves Especiales y Regionales de la Marina Mercante.

El dirigente añadió que esta extracción ilegal “afecta el normal desarrollo de la actividad económica, afecta a los pescadores artesanales que lo hacen en forma legal y afecta a los trabajadores de la industria pesquera”.

González detalló que el requerimiento también tiene por objetivo que las autoridades “se percaten de que las entidades de fiscalización no tienen los medios suficientes para detener esto; y eso es preocupante, porque si no se hace algo ahora, esto va a seguir creciendo”.

Eric Riffo, titular del Sindicato Interempresa de Trabajadores Oficiales de Máquina de la Marina Mercante y Naves de Pesca de Chile, aseguró que con este recurso se busca “demostrar que los trabajadores de la pesca industrial queremos que el recurso de la merluza sea sustentable, porque de ella dependen miles de familias”, recordando que lo que ocurre en Maule -con capturas informales que rebasan las 50 mil toneladas anuales- es una “locura”. “¿Por qué no se fiscaliza? Esa es la pregunta que debe responder la autoridad”, concluyó.

Respaldo sindical
Por su parte, el presidente de la Central de Trabajadores de Chile (CTCh), Arturo Martínez, quien acompañó la presentación del recurso, expresó su “apoyo y respaldo a la acción que los sindicatos han realizado, en función de solicitar información a la Contraloría para que oficie al Gobierno y explique por qué ha abandonado su deber de fiscalizar la pesca ilegal de merluza”.

Martínez agregó que “cuando hay pesca ilegal se pierden empleos formales, se deteriora la calidad del trabajo y se perjudica a las familias. Apoyo totalmente esta iniciativa, que debe prosperar, porque es necesario que la autoridad responda a las inquietudes de los trabajadores y busque soluciones a los problemas de fondo”.

El requerimiento fue presentado por los sindicatos interempresa de trabajadores embarcados: Oficiales de Naves Especiales y Regionales de la Marina Mercante; Oficiales de Máquina de la Marina Mercante Nacional y de Naves de Pesca de Chile; Tripulantes de arrastre, descargadores, rederos y cuidadores de naves especiales de la Provincia de Concepción; y Tripulantes de Naves Sardineras.

En las últimas semanas, distintos actores de la pesca -tanto industriales como artesanales- emprendieron una ofensiva legal para combatir la pesca ilegal de merluza, ante el evidente avance que están mostrando las asociaciones ilícitas que controlan la extracción clandestina, fenómeno que genera severos impactos económicos y ambientales.

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