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Contraloría establece reparos a honorarios contratados por el municipio de Valparaíso para elaboración del PLADECO cuyo costo final llegó a $892.623.857

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Este lunes, la Contraloría entregó al municipio de Valparaíso el Informe Final de Investigación Especial N° 542 de 2020, que contiene los resultados de la fiscalización efectuada a la Municipalidad de Valparaíso, en el desarrollo y gestión del Plan de Desarrollo Comunal PLADECO.

En el documento están los antecedentes de una investigación solicitada por los ex concejales Marcelo Barraza Vivar y Carlos Bannen González, junto a los actuales ediles Iván Vuskovic Villanueva, Claudio Reyes Stevens, Eugenio Trincado Suárez y Daniel Morales Escudero, quienes denunciaron una serie de irregularidades en la actualización del municipio en el Plan de Desarrollo Comunal por parte de esta entidad edilicia.

Sin embargo, hay un aspecto que sigue provocando preocupación: el costo. La cifra establecida por los cálculos de la contraloría elevan el valor del PLADECO porteño a $892.623.857, un monto bastante más elevado que los 646 millones y fracción cuantificados a diciembre del año pasado, cifra que también incluyó el gasto realizado por la administración de Jorge Castro.

En en informe se consigna que “durante los años 2017, 2018 y 2019, la Municipalidad de Valparaíso contrató con cargo al subtítulo 21, ítem 04, asignación 004, ‘Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios’, a 11 de los servidores a honorarios que formaron parte del equipo de trabajo para la actualización del PLADECO, por la suma total de $189.607.057, en circunstancias que tales tareas constituyen labores propias de la gestión municipal, de conformidad con el artículo 3°, letra a), de la ley N° 18.695. por lo que esa entidad edilicia deberá en lo sucesivo, adoptar las medidas pertinentes para que en la ejecución de sus funciones privativas se recurra a los servidores de
planta o a contrata de que dispongan o se provean al efecto, y se dé cabal cumplimiento a las instrucciones dispuestas en el decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda y a la jurisprudencia de este Organismo de Control, contenida, entre otros, en el dictamen N° 71.414, de 2013”.

Se agrega que “los pagos efectuados a las servidoras a honorarios, María Garín Franz y Karina Barrera Rojo, correspondientes al mes de mayo de 2018, por la suma total de $3.843.046, no cuentan con el informe mensual de actividades que acredite la realización efectiva de las labores encomendadas en sus respectivos contratos de prestación de servicios, por lo que esa entidad edilicia deberá remitir dichos informes, a esta Contraloría Regional en un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe final. En caso contrario, esta Sede Regional procederá a efectuar el reparo pertinente por dicho monto, de conformidad a los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 116 de la misma norma”.

El organismo fiscalizador indica que “se advirtieron pagos de servicios a honorarios por la suma total de $58.150.481 -detallados en los Anexos Nos 7, 8 y 9 del presente informe-, que no se encuentran acreditados, infringiendo con ello lo ordenado en el artículo 55 del decreto ley N° 1.263, de 1975, y lo estipulado en los artículos 2°, letra c), y 10 de la resolución N° 30, de 2015, de esta Entidad de Control, por lo que esa esa entidad edilicia deberá remitir a esta Contraloría Regional en un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del presente documento, un informe debidamente fundado y acompañado de todos los antecedentes que permitan acreditar que las labores de cada uno de los servidores individualizados fueron efectivamente desempeñadas. En caso contrario, esta Sede Regional procederá a efectuar el reparo pertinente por dicho monto, de conformidad a los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 116 de la misma norma”.

Establece que “el municipio no cuenta con registros o sistemas de control para verificar el cumplimiento de la jornada establecida en los contratos del personal a honorarios contratado con cargo al subtítulo 21, ítem 04, asignación 004. Por lo que esa entidad edilicia deberá adoptar las medidas pertinentes para que, en lo sucesivo, se verifique el cumplimiento del horario de trabajo establecido en los contratos con cargo al referido subtítulo, mediante un sistema de control apropiado que disponga al efecto, conforme lo indicado en la jurisprudencia de este Organismo de Control”.

Pero también “se advirtieron diferencias de criterios entre la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA) y la Dirección de Control de la Municipalidad de Valparaíso, respecto a la determinación del personal que forma parte  del equipo de trabajo para la elaboración del PLADECO y, por tanto, diferencias en el monto del gasto asociado informado por dichas unidades municipales. Por lo que, en lo sucesivo, esa entidad edilicia deberá implementar las medidas necesarias para mejorar el control respecto del gasto en personal asociado a los procesos de elaboración de instrumentos como los de la especie, tendiendo en consideración los principios de control, eficiencia y eficacia,
consagrados en el artículo 3° de la ley N° 18.575”.

En su resumen, la Contraloría destaca que “el municipio, en los años 2017 y 2018, contrató personal a honorarios cuyos gastos fueron imputados al subtítulo 21, ítem 04, asignación 004, en virtud de programas comunitarios que no habían sido creados y aprobados mediante el respectivo acto administrativo, lo que no se ajusta a la jurisprudencia de este Órgano de Control contenida en el dictamen N° 29.616, de 2018, por lo que la Municipalidad de Valparaíso deberá dar cumplimiento a la medida anunciada en su respuesta y procurar que, en lo sucesivo, los gastos por honorarios que se imputen al referido subtítulo correspondan a contrataciones efectuadas en virtud de un programa
comunitario existente, conforme a la citada jurisprudencia”.

“Se advirtió que los contratos y términos de referencia que rigieron los tratos directos para la contratación de los servicios especializados denominados ‘Estudio complementario de movilidad y suficiencia de equipamiento para el Plan de Desarrollo Comunal y el Regulador Comunal de Valparaíso’ y ‘Estudio complementario del diagnóstico socioeconómico estratégico para la actualización del PLADECO’, no contemplaron la posibilidad de imponer multas ante el eventual incumplimiento de alguna(s) de sus cláusulas o algún otro mecanismo que permitan resguardar el
patrimonio municipal, como aconteció en la especie, toda vez que se advirtió que los informes contratados fueron entregados con un atraso aproximado de 3 meses. Tales omisiones no se ajustan a los principios de control, eficiencia y eficacia, consagrados en el artículo 3° de la ley N° 18.575”, explica.

El informe, a cargo de la Unidad de Control Externo de la Contraloría plantea que “de la información proporcionada por ese municipio, se advirtieron diferencias respecto de los gastos asociados al PLADECO, imputados en el subtítulo 22, ‘Bienes y servicios de consumo’, informados por la SECPLA y aquellos informados por la Dirección de Control, detectándose que 123 desembolsos por una suma de $68.971.777, no fueron informados por la SECPLA, los que incrementarían el costo del PLADECO en esa cifra, para el periodo comprendido entre los años 2017 y 2019, lo que no se ajusta a lo dispuesto en los Nos 51 y 57 de la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este Organismo de Control, por lo que, en lo sucesivo, ese municipio deberá implementar medidas que permitan mejorar el control respecto de los gastos asociados a los procesos de elaboración de instrumentos como los de la especie, teniendo en consideración lo dispuesto en la referida normativa”.

Con estos antecedentes se determinó que los recursos municipales utilizados en el proceso de actualización del PLADECO, entre los años 2015 y 2019, ascendieron a un total de $646.081.931, conforme al detalle que se expone en los Anexos Nos 1, 2, 3 y 4 del presente informe. Además de las sumas de $166.883.646, correspondiente a los  honorarios y remuneraciones del equipo de apoyo; y de $79.658.280 correspondiente a gastos imputados en el
subtítulo 22.

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