La articulación se produce para echar pie atrás a la ley promovida por la ex ministra Marcela Cubillos, que no solo se califica como innecesaria, sino que se le critica haber aportado a criminalizar la protesta estudiantil y motivado persecuciones contra estudiantes, como ocurre en el caso de Internado Nacional Barros Arana.
A partir de una articulación entre parlamentarias de oposición (FA, PC, PS, PPD) y las Organizaciones por la Derogación de Aula Segura (Federación Nacional de Asistentes de Educación Pública, Unidos por la Educación, Centro de Madres y Padres del Instituto Nacional y del Internado Nacional Barros Arana, Colectivo Comunidad Institutana, Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación, la Red Contra Represión a Estudiantes, la Asamblea de Bases INBA y la Coordinadora 4 de agosto), se presentó hoy el proyecto que pretende poner fin a la ley aprobada bajo conducción de Marcela Cubillos en el Ministerio de Educación
Según la diputada Camila Rojas (Comunes), “este proyecto de ley, deroga Aula Segura, que se promulgó bajo el ministerio de Marcela Cubillos, que tuvo un rápido despacho gracias a las presiones que el gobierno realizó en ese momento. Una ley que ninguna de los presentes aprobó; fuimos minoría frente a una mayoría transversal, a pesar del rechazo de las comunidades educativas”.
La diputada apuntó que “era previsible la criminalización y la persecución. Los últimos hechos conocidos, hacen referencia a una red de espionaje ocurrida en la comuna de Santiago en la que directivos de los establecimientos, funcionarios de la municipalidad y miembros de Carabineros de Chile, espiaban y entregaban información de dirigentes estudiantiles o estudiantes movilizados”. Acusa que atravesamos por una situación grave: “esta ley pasó a llevar el debido proceso en materia de cancelación y expulsión de estudiantes y por ello hoy buscamos revertir lo que este mismo congreso apoyó”.
En ese sentido, Javier Pineda, abogado Corporación 4 de agosto, subrayó que «tenemos que ponerle fin a las prácticas de persecución contra estudiantes que se organizan, lo cual ha generado hasta la creación de redes de espionaje ilegales entre autoridades municipales y Carabineros. Y ese fin, implica eliminar las facultades de expulsión sumarias que tienen hoy los directores de los establecimientos educacionales debido a la Ley de Aula Segura. Esta ley vulnera el derecho a debido proceso y el derecho a la educación de las y los estudiantes, por lo cual debe ser derogada.»
Por su parte, la diputada Cristina Girardi señaló que “Aula Segura es lo que plantea el nazismo, lo que plantean todas las ideologías que efectivamente pretenden eliminar a los impuros. Eso es Aula Segura y lo que estamos haciendo es derogar una ley que implica eliminar a los estudiantes y sacar a los impuros. Creemos que todos los estudiantes tienen derecho a la educación y que la pedagogía debe ser el centro y no la violencia el centro de la pedagogía”.
En tanto, la diputada del PC Camila Vallejo indicó que “en materia educacional el legado del Presidente Piñera ha sido nefasto, no ha habido real apoyo a las escuelas, se ha querido forzar a los estudiantes a incorporarse a las clases en plena pandemia con las consecuencias que ya hemos visto y además, una de sus ex Ministras, Marcela Cubillos, promovió el concepto de aula segura porque buscaba lo que decía la diputada Cristina Girardi: sacar a los que no les gustaban, a los que les molestaban, sacar a los que tenían opinión crítica, a los que se manifestaban por sus derechos y aplicar sanciones sin el debido proceso, como cancelaciones de matrículas y expulsiones arbitrarias”.
La parlamentaria del partido comunista señaló que “ya hemos visto las consecuencias que antes advertimos como persecución a los y las estudiantes y a las comunidades educativas, entonces este proyecto debe ser derogado. Esto lo han exigido las comunidades educativas, los estudiantes y por eso estamos acá cumpliendo con este mandato a través de la presentación de este proyecto de ley”.
En tanto, el diputado socialista y presidente de la comisión de educación, Juan Santana, coincidió en que “el proyecto de ley Aula Segura con Marcela Cubillos como ministra de Educación, prometió al país acabar con los hechos de violencia al interior de los establecimientos. Lo que se demuestra en los hechos es que fue una ley muy poco eficaz, que perseguía a las y los estudiantes, que acababa con el debido proceso y que criminalizaba las protestas en los recintos educacionales”.
En ese sentido, concluyó que “para enfrentar la violencia hay que fortalecer la convivencia al interior de los establecimientos con la participación de las comunidades escolares, pero lo que hizo este proyecto fue lo contrario y los hechos así lo demuestran”.
En esta línea, la presidenta del Centro de Madres y Padres del INBA realizó un llamado al Parlamento a derogar esta ley: “llamamos a los políticos a que se sumen a la iniciativa de patrocinar un proyecto donde se ponga fin a un legado tan nefasto, como es la persecusión de Niños, Niñas y Jóvenes, los llamamos a sumarse, a legislar y aprobar la derogación de Aula Segura, que solo trajo la desvinculación y abuso en forma indiscriminada por parte de los Directores de establecimiento dejando a tantos estudiantes si el derecho consagrado en la Constitución como es el de la educación”, señaló.
El proyecto
El texto del proyecto fundamenta que la aproximación punitiva a la educación no ayuda a resolver temas de violencia y, en cambio, ha servido para la criminalización de la protesta estudiantil. “Tal es el caso de la llamada Ley Aula Segura, en especial en lo referido al procedimiento sancionatorio que permite expulsar a estudiantes con rapidez y facilidad”. En específico, al considerar “la obligación de iniciar procesos sancionatorios, la concentración de facultades en los órganos directivos, la facultad de suspensión inmediata, la escasa participación de otros estamentos en el procedimiento de investigación, la brevedad de los plazos y las nulas garantías de control de la discrecionalidad de la autoridad”, señalan.
Además, el proyecto recuerda el debate parlamentario (2019), en que se advirtió que Aula Segura, al ser insensible a los elementos que constituyen la convivencia escolar, en corto plazo produciría mayor violencia al interior de los establecimientos educacionales y en el largo plazo, mayor desigualdad: “mayor aumento de delincuencia producto de trayectorias educativas interrumpidas (deserción); menor ingreso laboral de las personas que fueron expulsadas del sistema educativo; mayor gasto social en seguridad pública y bienestar social”, según señaló el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva.
Por otra parte, el texto se detiene en argumentar que la ley tiene un carácter autoritario muy delicado al tratarse de niñas, niños y jóvenes los sujetos afectados: “la Ley Aula Segura no incorpora nuevas herramientas que mejoren las capacidades de los establecimientos de hacerse cargo debidamente de la violencia, sino tan sólo atajos para el adelantamiento punitivo, que en los hechos, producen indefensión”.
El texto del proyecto, se detiene a mencionar el caso ocurrido al interior del Internado Nacional Barros Arana, en el que “se demostró que bajo el marco de esta ley, se creó una red persecutoria contra estudiantes, que involucra a Carabineros, funcionarios de la Municipalidad de Santiago, directiva y docentes del establecimiento, que tenía por objeto espiar y recopilar denuncias y evidencias para expulsar y/o detener estudiantes del establecimiento, enviándole entre sus miembros fotografías, cédulas de identidad y datos personales de menores de edad”.
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