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Diputado Ramón Barros destaca nueva ley que limita llamadas de cobranza y las restringe a un máximo de una por semana

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El parlamentario UDI detalló que desde ahora las compañías no podrán hostigar a los clientes, mientras que en un estado de excepción como el actual podrán realizar un máximo de dos llamadas al mes.

El diputado por la Región de O’Higgins, Ramón Barros (UDI), destacó la entrada en vigor de la ley que presentó el año pasado junto a un grupo de parlamentarios gremialistas, y que limita a un máximo de una vez a la semana las llamadas que una empresa de cobranza puede realizar a cada cliente.

Al respecto, el parlamentario explicó que en 2020 decidieron presentar dicho proyecto pensando en que la grave crisis económica asociada al coronavirus iba a provocar que miles de familias chilenas no pudieran cumplir con sus obligaciones contractuales, por lo que buscaron evitar que las malas prácticas en que suelen incurrir las empresas de cobranza significaran una preocupación adicional para las personas.

“A todos nos ha pasado que a veces nos llaman varias veces en el día, en horarios verdaderamente insólitos e incluso los sábados o domingo. Y no era aceptable que las personas, además de sufrir por la pérdida de algún cercano a causa del coronavirus, o por haber perdido su fuente laboral o ver disminuido sus ingresos, tuvieran que además lidiar con el hostigamiento diario de estas compañías”, sostuvo Barros.

Por lo mismo, y tras una extensa tramitación, esta semana finalmente fue publicada la nueva normativa, la que también establece que sólo se podrá realizar una visita por semana a los domicilios, mientras que las compañías podrán enviar máximo dos mensajes de texto semanal, los que deberán separarse por un mínimo de 48 horas.

En tanto, el diputado UDI también destacó que la nueva ley también establece que en un estado de excepción constitucional por catástrofe -como el que rige actualmente hasta el 30 de junio-, las llamadas de cobranzas o visitas presenciales se limitarán a un máximo de dos al mes, lo que se extenderá hasta 60 días después de levantado el estado de excepción.

“Con esta ley, ninguna persona en el país podrá recibir más de una vez a la semana un llamado para notificarles sobre el vencimiento de alguna cuenta. Y si llegamos a estar en un estado de excepción como ahora, esos llamados de cobranza no podrán ser más de dos al mes. Porque no sólo las autoridades tienen que ponerse en el lugar de quienes más han sufrido, sino que también el sector privado tiene una responsabilidad en ello”, destacó Barros, quien por último precisó que las empresas que no cumplan con la nueva normativa, arriesgan multas por más de $15 millones (300 UTM).

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