Presidente del partido y grupo de abogados esgrimieron argumentos por los cuales la colectividad ingresó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional en contra de la impugnación del Gobierno al tercer retiro.
El Partido Por la Democracia (PPD) informó hoy las razones jurídicas y políticas con las cuales se tomó la decisión de alegar ante el Tribunal Constitucional (TC), en contra del requerimiento del Gobierno presentado ante la misma instancia, que busca impedir que se dé curso al proyecto de ley de tercer retiro de los fondos previsionales, señalando que esta instancia jurídica no puede limitar las atribuciones legislativas ni la voluntad popular expresada en el Parlamento.
Mediante un encuentro telemático, estuvo presente el timonel PPD y candidato presidencial, Heraldo Muñoz, acompañado del abogado, candidato constituyente por O’Higgins y autor del escrito ingresado al TC, José Antonio Ramírez, además de los también abogados y aspirantes a la Convención Constitucional, Paola Tapia (Valparaíso), Alicia Barrera (O’Higgins) y Rodrigo Poblete (Maule), quienes dieron distintos argumentos para defender lo obrado en el Congreso Nacional.
“Hoy hay una situación de crisis en el país, la gente está angustiada y desesperada, frente a la irresponsabilidad del gobierno de dar respuesta a los efectos sociales y económicos de la pandemia. Se ha optado por el cuenta gotas, con llegar siempre tarde y con montos insuficientes, en vez de traspasar recursos directamente sin letra chica sin burocracia”, afirmó Muñoz, ejemplificando lo ocurrido con el Bono Clase Media, los IFE y FOGAPE, que han generado frustración en quienes han quedado fuera.
El ex canciller agregó que “por eso la gente ha optado por un camino, que no es una buena política pública, pero es el único conducto para poder sobrevivir en pandemia, y que es retirando sus ahorros previsionales. La crisis la están pagando las y los trabajadores”, explicando que entre el primero y segundo retiro se han desembolsado más de US$35 mil millones (pudiendo llegar a US$55 mil si se logra el tercero), versus los US$12 mil millones en bonos y ayudas del gobierno.
“El Senado votó, con más de 2/3 de quórum, el tercer retiro y frente a esto el Presidente de la República, con una enorme indolencia, ha presentado este requerimiento ante el TC para impedir que eso ocurra. La tensión que estamos observando en el país es enorme, y por eso hemos decidido como primer paso ir al TC y presentar un escrito”, acotó Heraldo Muñoz.
Finalmente, agregó que “si el Presidente no retira su requerimiento y no se abre, a lo que creemos es una salida a esta crisis, que es un acuerdo de justicia tributaria –que incluya las exenciones y evasiones, y un impuesto transitorio a las grandes fortunas-, nosotros como partido vamos a evaluar conjuntamente con nuestra bancada de diputadas y diputados una posible acusación constitucional”.
MIRADA JURÍDICA
Para José Antonio Ramírez, doctor en derecho constitucional y que ya estuvo en los alegatos del segundo retiro, el requerimiento del PPD ante el Tribunal busca atacar básicamente los tres argumentos esgrimidos por el Gobierno en su recurso: que el Congreso Nacional, con cualquier quórum, no tiene facultades para que excepcionalmente, y en estado de catástrofe, pueda modificar el sistema de pensiones, lo que da cuenta de un hiperpresidencialismo; el derecho a propiedad que alegan las compañías de seguro porque ahora se incorporan las rentas vitalicias; y que se está ante un mismo escenario que el segundo retiro, lo que en opinión del jurista no es así ya que hay cambios sustanciales entre uno y otro proyecto.
En tanto, Paola Tapia, quien fuera ministra de Transportes, sostuvo que “no podemos estar en manos de personas que fueron elegidas, más allá de su trayectoria jurídica, por razones políticas, para tomar una decisión que afecta a más de 17 millones de chilenas y chilenos. Por lo tanto, una propuesta concreta a propósito de la nueva Constitución y de lo que estamos viviendo con este retiro del 10%, eventualmente podría ser que se elimine el TC, y si éste subsiste, que su conformación cambie y que no sea política”.
Del mismo modo, el profesor de derecho constitucional Rodrigo Poblete aseguró que este requerimiento del PPD ante el TC es “una defensa de la soberanía popular depositada en el Congreso, como un órgano plenamente legitimado para hacer reformas a la Constitución, en términos equivalentes al Ejecutivo. Hay atribuciones simétricas, y lo que ha intentado el gobierno -amparado en la sentencia del anterior retiro- es que el debate democrático se cierra con el Tribunal Constitucional, como intérprete final, lo que no es así. El TC ejerce un rol de control, pero en ningún caso es el que tiene la última palabra en la interpretación de la Constitución”.
Por último, la integrante de la Comisión Política del PPD, Alicia Barrera, agregó un nuevo argumento a la defensa partidaria al tercer retiro, y es que “el requerimiento del Gobierno va en directo perjuicio de cientos de niños y niñas y sus madres, que por este mecanismo pueden recibir los montos adeudados por pensión de alimentos. Espero que en el Tribunal Constitucional, al igual que en el Congreso, impere el interés superior del niño y la niña, y se rechace por este argumento, en una materia que además forma parte de una convención ratificada por Chile, el requerimiento del Gobierno”.
