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Corte de Apelaciones de Santiago ordena al Ministro de Justicia informar por indulto presidencial otorgado a condenado por crímenes de lesa humanidad

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La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo de un recurso de protección presentado por el Estudio Caucoto Abogados, ordenó informar al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín, acerca del indulto presidencial otorgado al ex director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) Hugo Prado Contreras, quien fue condenado como cómplice del delito de secuestro calificado de cinco personas en 1987.

De este modo, la cartera de Justicia tiene cinco días para responder a lo ordenado por la Corte de Apelaciones, informando de los fundamentos que consideró para otorgar este beneficio, y cuyo plazo vence esta jornada.

En definitiva el recurso de protección, presentado a nombre de la hermana de una de las víctimas, busca establecer si este indulto otorgado por orden del Presidente de la República se ajusta a la normativa internacional, tratándose de un delito de lesa humanidad, referido al secuestro y desaparición de las cinco víctimas.

Se trata de Alejandro Pinochet Arenas, Julio Muñoz Otárola, Manuel Sepúlveda, Gonzalo Fuenzalida y José Peña Maltés, los cinco últimos detenidos desaparecidos de la dictadura militar, cuya investigación de la causa logró establecer que las víctimas fueron secuestradas en represalia por el plagio del coronel de Ejército Carlos Carreño, en septiembre de 1987, en una operación conjunta de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), la Brigada de Inteligencia del Ejército (BIE), la DINE y el Comando de Aviación del Ejército, estableciéndose que los cuerpos de las víctimas fueron arrojados al mar en las costas de Quintay, crimen por el cual fueron condenados 33 agentes del Estado.

Para el abogado Francisco Bustos, del Estudio Jurídico Caucoto Abogados «la concesión de beneficios e indultos a condenados por crímenes de lesa humanidad, sin respetar la normativa de Derecho internacional, y sin notificar a los familiares de las víctimas, puede constituir una forma de impunidad, por lo cual solicitamos que la judicatura intervenga en este caso a fin de controlar la legalidad y convencionalidad de este indulto presidencial».

Hugo Prado Contreras se encontraba cumpliendo condena desde 2017 en el penal Punta Peuco y, una vez aplicado el beneficio presidencial, actualmente se encuentra en libertad.

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