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Séptimo día de marchas masivas contra el Gobierno. Presidente Duque responsabilizó al narcotráfico de los desmanes

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Las principales ciudades de Colombia volvieron a ser este miércoles, por séptimo día consecutivo, escenario de masivas marchas de protesta contra el Gobierno, en principio con algunos incidentes aislados, mientras el presidente Iván Duque insistió en denunciar al “vandalismo extremo y el terrorismo urbano” y hasta ofreció recompensas para quienes identifiquen a los autores los disturbios.

La amenaza vandálica que enfrentamos consiste en una organización criminal que se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales para desestabilizar a la sociedad, generar terror en la ciudadanía y distraer las acciones de la fuerza pública. El vandalismo extremo y el terrorismo urbano que estamos observando se encuentran financiados y articulados por mafia de narcotráfico”, denunció el mandatario en un video difundido por redes sociales.

Duque se refirió a los disturbios que se desataron tras la sangrienta represión de los últimos días justo cuando empezaba una nueva jornada de movilizaciones en todo el país contra su Gobierno.

Convocadas por el Comité Nacional del Paro, que agrupa a unas 40 organizaciones, este miércoles hubo concentraciones, bloqueos de calles y rutas y movilizaciones en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Armenia, Ibagué, Sincelejo, Ciénaga y Zipaquirá, entre otras ciudades.

Lo que hasta el lunes eran marchas contra la reforma tributaria que el Gobierno ya retiró del Congreso -este miércoles el Legislativo formalizó ese paso por unanimidad-, se transformó ahora en un movimiento de masas que alargó el pliego de demandas: el Comité exige garantías y libertades democráticas, garantías constitucionales a la movilización y la protesta, desmilitarización de las ciudades, cese de las masacres y castigo a los responsables.

Además, reclama el desarmado del Escuadrón Antidisturbio (Esmad), el retiro del proyecto de Ley 0 de Salud, fortalecer la campaña de vacunación contra la Covid-19 y una renta básica que equipare al menos un salario mínimo legal mensual.

Excepto por algunos choques entre manifestantes y policías en la Plaza Bolívar de Bogotá, en las demás ciudades las movilizaciones transcurrían sin la violencia de otras jornadas, que dejaron 24 muertos y más de 800 heridos, según la Defensoría del Pueblo, aunque otras estimaciones suben por encima de los 30 los fallecidos.

En medio de advertencias de organizaciones internacionales por la represión a las marchas, Duque no solo respaldó el accionar de las fuerzas militares y policiales, sino que hasta ofreció 10 millones de pesos (2.600 dólares) por la colaboración efectiva para identificar y detener a autores de los disturbios.

Parado al lado de la vice Marta Lucía Ramírez, Duque adelantó que “se publicará por parte de la policía nacional el cartel de los más buscados por estos delitos en distintas ciudades”. “Frente a quienes cometan este tipo de delitos, no habrá tregua y la sociedad entera los llevará ante la Justicia”, manifestó.

El presidente se apoya en la Fiscalía de Estado para advertir que detrás de los desmanes –muchos en Cali y anoche en Bogotá- están los grupos disidentes de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016; el ELN, la última guerrilla reconocida en Colombia, y bandas narco.

Las organizaciones convocantes a las marchas, en cambio, sostienen que son las fuerzas de seguridad las que impregnaron de violencia las manifestaciones.

A los llamados a la paz se sumó la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), que expresó su “preocupación ante la situación de agitación social” que vive el país, y ratificó que reconoce la protesta pacífica como “un derecho y una alternativa válida” para conseguir respuestas por parte del Gobierno, pero resalta que en estos momentos “se debe tener en cuenta la grave emergencia sanitaria” por la ola de contagios de coronavirus.

El comunicado manifestó ocho puntos centrales, entre los que resaltó el rechazo total a las violaciones a los derechos humanos, a los actos de violencia vandálica, a los bloqueos a la movilidad y al abastecimiento de alimentos, a la desaparición de personas, a los atentados contra la integridad física de cualquier persona y a los destrozos causados a los bienes públicos y privados.

Por las manifestaciones de este miércoles, la Alcaldía de Bogotá informó que suspendió los servicios de vacunación, la atención domiciliaria y la toma de muestras para Covid-19, por las “dificultades en la movilidad para el personal médico”. La capital tuvo varios “plantones” y bloqueos de calles.

En Cali, epicentro de las concentraciones más violentas hasta acá, una marcha de unos 5 kilómetros unió el sector de La Luna hasta Puerto Resistencia, y las autoridades organizaron un “corredor humanitario” para garantizar la llegada de alimentos.

También fue fuerte la protesta en Bucaramanga, donde los manifestantes unieron el puente Provenza con la plazoleta Luis Carlos Galán. En la ciudad, por la madrugada hubo fuertes disturbios en la vía Pamplona-Bucaramanga, según el diario El Nuevo Siglo.

En Medellín, en tanto, la columna salió desde el Parque de los Deseos y tras recorrer varios puntos de la ciudad terminó en el mismo recreo. El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, hizo un llamado para que se permitiera un corredor humanitario para el transporte de oxígeno y de alimentos en medio de las protestas.

Desde Nueva York, el secretario general de la ONU, António Guterres, hizo saber de su preocupación por la violencia en medio de las protestas y exhortó a las autoridades a ejercer la moderación.

Por ahora el único diálogo es potencial: una ronda que conversaciones que propuso el martes Duque con distintos sectores y que anunció tendrá una agenda que contempla seis temáticas para conversar con 10 interlocutores en 15 días, coordinado todo por el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos.

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