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Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó legislar indulto a personas detenidas en estallido social

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Este miércoles la Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó el proyecto de ley que concede un indulto por razones humanitarias a las personas detenidas en el contexto del estallido social de octubre de 2019.

La iniciativa contó con los votos a favor de los senadores Francisco Huenchumilla (DC), José Miguel Insulza (PS) y Jaime Quintana (PPD), mientras que Felipe Kast (Evópoli) e Iván Moreira (UDI) votaron en contra.

El senador Huenchumilla, presidente de la instancia, indicó que el encarcelamiento de los presos del estallido “es una situación política y por lo tanto son presos políticos”, afirmando que “las instituciones públicas y el Estado tienen que estar disponibles para juzgar los hechos no como una situación de normalidad, sino de excepción”.

En esa misma línea, el senador Alejandro Navarro (PRO) aseguró que “si queremos escribir una nueva Constitución que reconcilie a los chilenos, no puede ser con presos de la revuelta encarcelados con montajes”.

Por su parte, el senador Felipe Kast calificó la aprobación del proyecto como “un hecho lamentable y aberrante” y consideró que la iniciativa “le entrega amnistía total a quienes recurrieron a la violencia y están siendo juzgados por los tribunales”.

El senador Juan Ignacio Latorre (RD) valoró la aprobación en Comisión de Seguridad del Senado de la idea de legislar.

El proyecto de indulto a los presos del estallido ahora pasará a ser discutido por la Comisión de Constitución del Senado.

Constituyentes exigen liberación de presas y presos políticos

En Chile se ha vuelto costumbre dejar heridas abiertas y convivir con la injusticia y la impunidad. A los miles de casos de Detenidos Desaparecidos y otras violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la Dictadura de Pinochet que han quedado impunes, se suma ahora la gravísima situación provocada desde el Estallido o Revuelta Social de octubre de 2019, con abusos sistemáticos y cientos de personas privadas de libertad, condenas desmesuradas, procesos injustos y dilatados, montajes burdos orquestados por una de las instituciones más desprestigiadas del país (Carabineros), y cuyas medidas cautelares no se ajustan a principios de objetividad e imparcialidad.

A marzo de este año en Chile existían alrededor de 2.500 jóvenes en prisión preventiva por hechos acaecidos en protestas sociales. Muchos de estos casos afectan a menores de 15 años y en su gran mayoría, se trata de menores
de 30 años sin antecedentes penales. En el país se encarceló y encarcela la justa lucha por demandas sociales. Ningún país que se considere democrático y que ya está viviendo un proceso constituyente puede permitirse tal nivel
de injusticia e impunidad. Ad portas de instalar la Convención Constitucional para que inicie su labor, no es posible
eludir las injusticias cometidas contra jóvenes que, cansados de una vida precaria e indigna, dieron el puntapié inicial a todo este proceso.

Por ello, hacemos un llamado urgente al poder constituido a asumir el desafío de construir un país más justo y más
solidario. Mientras muchos celebramos el futuro prometedor que podemos construir como sociedad, existe una
realidad paralela, cruda y desgarradora, ante la cual no podemos quedar indiferentes. Por lo tanto, exigimos la libertad inmediata de todas las presas y presos políticos, con especial urgencia para las y los menores de edad que han sido sometidos a procesos judiciales y encarcelados en centros del SENAME, en abierta vulneración de todos los tratados internacionales suscritos por Chile en esta materia. En ese sentido, apoyamos las demandas de las agrupaciones de familiares y amigos de presos políticos de la Revuelta, así como de las demás organizaciones que los han acompañado durante todo este difícil período.

Finalmente, llamamos a la conformación urgente de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, autónoma del
Estado, pero financiada por este, compuesta por un espectro amplio y diverso de organizaciones sociales, que se haga
cargo de indagar sobre las violaciones sistemáticas, masivas y gravísimas de los derechos humanos perpetrados por
parte de agentes del Estado.

Hacemos un llamado a las y los constituyentes electos a sumarse a esta exigencia. La triste y dolorosa historia de
nuestro pasado reciente ha demostrado con creces que no es posible construir un país sano sobre cimientos tan
poco sólidos, como lo son la injusticia y la impunidad.

Adhieren:
Dayyana González Araya, Distrito 3
Constanza San Juan, Distrito 4, (ACA)
Ivanna Olivares, Distrito 5
Lisette Vergara, Distrito 6
Cristóbal Andrade, Distrito 6
Tania Madriaga Flores, Distrito 7
Camila Zárate, Distrito 7
Marco Antonio Arellano Ortega, Distrito 8
Alejandra Pérez, Distrito 9
Manuel Woldarsky, Distrito 10
Natalia Henríquez Carreño, Distrito 9
Ingrid Villena, Distrito 13
Rodrigo Rojas Vade, Distrito 13
Francisco Caamaño Rojas, Distrito 14
Loreto Vallejos Dávila, Distrito 15
Gloria Alvarado, Distrito 16, (Lista Corrientes
Independientes)
Elsa Labraña, Distrito 17
Fernando Salinas Manfredini, Distrito 18
Francisca Arauna Urrutia, Distrito 18
César Uribe, Distrito 19
Adriana Ampuero, Distrito 26
Elisa Giustinianovich Campos D28

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