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Convención entrega su primera declaración: indultos, reparación, retiro de querellas y desmilitarización del Wallmapu

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La Convención Constitucional aprobó y emitió su primera declaración pública, en la línea de lo que había sido anunciado el domingo por quien fue electa como su presidenta: Indultar y libertar a los reclusos por el estallido social y desmilitarizar La Araucanía (Wallmapu). El texto fue aprobado por 105 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones.

Dicha declaración, consistente en seis puntos, pide al Ejecutivo que otorgue urgencia legislativa al proyecto de Ley de Indulto General y al Proyecto de Ley de Reparación a Víctimas de Derechos Humanos. A ello se suma la solicitud de “retirar todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad del Estado”.

En relación a la desmilitarización de La Araucanía, la Convención insta además a la “anulación de la medida que aumenta el presupuesto para la represión del territorio mapuche”.

Junto con ello, que el indulto, en el caso de las Regiones del Bio Bio, Araucanía, Los Lagos y Los Ríos “sea aplicable desde el año 2001 para los presos políticos mapuche”.

Tania Madriaga, constituyente del D7 por la Lista del Pueblo, se refirió a la aprobación de la declaración de la convención con respecto «a los presos políticos de la revuelta».

Raúl Celis, constituyente de RN, también analizó el planteamiento realizado por la Convención, especificando que hay ciertos límites en la petición, debido a las atribuciones que este organismo detenta.

LA DECLARACION

Hoy abrimos este proceso constituyente con un debate de una profundidad ineludible. Hemos decidido iniciar esta discusión sobre las bases históricas de nuestra vida en común, reconociendo los sufrimientos y anhelos con los que llegamos hasta aquí, sobre la sociedad que queremos y cómo queremos construirla.
Creemos en la responsabilidad ética y política de sentar las garantías democráticas para el adecuado funcionamiento del proceso constituyente, el respeto al debido proceso, al principio de presunción de inocencia; la verdad, justicia y reparación para todas y todos quienes han sido parte de este proceso histórico.
La revuelta social costó decenas de vidas, violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado incluyendo mutilaciones, traumas oculares, apremios ilegítimos y distintos tipos de vulneraciones, que no podemos invisibilizar.
Miles de personas fueron detenidas y sometidas a condiciones ilegales, acusadas de manera injusta, arbitraria e inhumana, mientras que otro gran número nunca tuvo un debido proceso ni la aplicación de la presunción de inocencia.
En efecto, aun hoy, a casi un año y medio de ocurridos los hechos, vemos cómo hijas e hijos de nuestros pueblos han sido sometidos a la imposición abusiva de la prisión preventiva y el nulo avance de las investigaciones, muchas veces con pruebas de dudosa calidad entregadas por sus captores, sin control jurisdiccional, lo que ha afectado profundamente el respeto por las garantías fundamentales mínimas.
Hoy resulta fundamental para un proceso democrático y una verdadera paz social para los pueblos, que los órganos del poder constituido allanen los caminos ofreciendo garantías democráticas y de equidad para que el proceso histórico que atravesamos funcione adecuadamente y sea reconocido como legítimo por los pueblos y naciones de Chile.
La Convención Constitucional, sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que, claramente, contravienen el espíritu que guía su trabajo: asentar un camino de paz y justicia social para todas y todos los habitantes de nuestra comunidad política.
La violencia que acompañó los hechos de Octubre fue consecuencia de que los poderes constituidos fueron incapaces de abrirnos una oportunidad para crear una Nueva Constitución y hoy que estamos comenzando el trabajo de la convención deben hacerse cargo de aquello, por eso demandamos:
a) Respecto del Proyecto de Ley de Indulto General (Boletín N°13.941-17) en la Comisión de Constitución del Senado, su tramitación con la máxima celeridad.
b) Al Poder Ejecutivo dar suma urgencia legislativa al Proyecto de Ley de Indulto General (Boletín N°13.941-17) y al Proyecto de Ley de Reparación a Víctimas de Derechos
Humanos (Boletín N°13.854-17). Así como el retiro de todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad del Estado.
c) La inmediata desmilitarización del Wallmapu, así como la anulación de la medida que aumenta el presupuesto para la represión del territorio mapuche.
Que el indulto, en el caso de las Regiones del Bio Bio, Araucanía, Los Lagos y Los Ríos sea aplicable desde el año 2001 para los presos políticos mapuche.
d) En el Proyecto de ley Boletín 13715-17, apoyar una indicación que disponga la aplicación directa y obligatoria del Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente en lo relativo al conocimiento de situaciones calificadas de delitos y que constituyan ejercicio de derechos territoriales, culturales, y políticos y a la aplicación preferente y obligatoria de penas distintas a la privación de libertad.
e) Que el Ministro de Justicia y DDHH concluya el proceso de modificación del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios y garantice los derechos de las personas privadas de libertad de origen indígena, y aplique a su respecto de manera inmediata las disposiciones contenidas en el convenio 169 de la OIT y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
d) La implementación de una política robusta de justicia, que contribuya a la reparación integral de los perjuicios y los daños sufridos, de forma individual y colectiva, para quienes han sido víctimas de persecución, prisión política y vulneración sistemática a los derechos humanos.
Nos comprometemos a crear en la Nueva Constitución los mecanismos pertinentes y necesarios para que no se vulneren nuevamente los Derechos Humanos de todas y todos los pueblos y una garantía de no repetición de los hechos.

1. Pedro Muñoz Leiva
2. Jorge Baradit Morales
3. Matias Orellana Cuellar
4. Cesar Valenzuela Maass
5. Adriana Cancino Meneses
6. Mario Vargas Vidal
7. Claudio Gómez Castro
8. Ramona Reyes Painequeo
9. Maximiliano Hurtado Roco
10. Julio Alvarez Pinto
11. Ricardo Montero Allende
12. Tomás Laibe S.
13. Malucha Pinto Solari
14. Carlos Calvo Muñoz
15. Andrés Cruz Carrasco
16. Amaya Álvez
17. Aurora Delgado
18. Beatriz Sánchez
19. Christian Viera
20. Constanza Schonhaut
21. Damaris Abarca
22. Daniel Stingo
23. Fernando Atria
24. Giovanna Roa
25. Ignacio Achurra
26. Jaime Bassa
27. Jeniffer Mella
28. María José Oyarzún
29. Mariela Serey
30. Tatiana Urrutia
31. Yarela Gómez
32. Carolina Videla Osorio
33. Hugo Gutiérrez
34. Ericka Portilla
35. Valentina Miranda
36. Barbara Sepúlveda
37. Marcos Barraza
38. Bessy Gallardo
39. Jorge Abarca
40. Constanza San Juan
41. Cristina Dorador
42. Carolina Sepúlveda
43. Guillermo Namor
44. Manuela Royo
45. Loreto Vallejos
46. María Elisa Quinteros
47. Vanessa Hoppe

REACCIONES

El presidente de la Cámara de Diputados, el RN Diego Paulsen indicó: «Desconocer el carácter político de la Convención Constitucional, evidentemente es un sinsentido, pero como chileno habría esperado que las primeras definiciones dijeran relación con el mandato para el que fueron electos, esto es, para crear un nuevo marco de convivencia social. La declaración tiene afirmaciones que soterradamente desconocen la autonomía de los poderes, y pretenden amedrentar, entre otros, a los tribunales de justicia y al Ministerio Público, lo que resulta sumamente grave desde la perspectiva institucional».

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli se refirió a la declaración oficial emitida por la Convención Constitucional, en la que exigen celeridad a la tramitación del proyecto de indulto a las personas detenidas durante el Estallido Social de 2019 y a quienes están recluidos en la Macrozona Sur, desde 2001.

Al respecto, la autoridad de Gobierno rechazó el documento, y agregó que se debe “extirpar la violencia”. “Lo que nos corresponde es perseguir, detener y poner a disposición de la Justicia, a quienes cometan delitos, y particularmente a quienes cometan delitos violetos. Es la violencia la que tenemos que extirpar de nuestra convivencia social”, afirmó.

La declaración del organismo reconoce además la existencia de presos políticos y la militarización del Wallmapu, cuestión rechazada por Galli. “Creo que las señales tienen que ser claras, ni los que ayer utilizaban bombas molotov, o saquearon locales comerciales, ni los que lo hicieron con ocasión del Estallido Social, son presos políticos”, enfatizó.

La Convención Constitucional aprobó por 105 votos a favor la declaración “a los órganos del poder constituido sobre la prisión política en Chile y la militarización del Wallmapu” emanada desde los convencionales del Partido Socialista, Partido Comunista, Frente Amplio e independientes.

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