Acusan además que autoridad ha entorpecido –por acción u omisión- toda posibilidad de beneficio carcelario hacia los internos, bajo el argumento que se trata de personas condenadas por delitos de lesa humanidad.
Indicaron que sobre ese punto pedirán a la Justicia que se pronuncie sobre la legalidad de clasificar de esa forma a los internos, porque ello es contrario a lo que establecen las propias sentencias condenatorias.
A la denuncia que formularan hace unos días en contra el Gobierno por abandonar a los adultos mayores de la Cárcel de Punta Peuco en esta Pandemia, que ya ha cobrado la vida de tres de ellos recientemente y tiene a otros más en una situación crítica, la Multigremial de Militares y Policías (R) presentó el día de ayer una querella en contra del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín Fernández, acusándolo de negligencia inexcusable reiterada frente a las medidas de protección sanitaria que debió adoptar hacia esta población penal de la tercera edad con patologías crónicas graves de base.
“Se trata – explica el presidente de la entidad gremial, Pedro Veas Diabuno- de una acción legal que se sustenta en la responsabilidad que le asiste al Gobierno, en la figura de su Ministro de Justicia y quienes resulten responsables, frente a la falta de protección y resguardo sanitario adecuado de los internos de la cárcel de Punta Peuco y Colina 1 desde el inicio de la Pandemia, incluso más, buscamos que se visibilice el intencionado propósito que ha existido detrás de dejar fuera de todo beneficio carcelario, adoptado por la autoridad con motivo de esta emergencia sanitaria para el resto de las poblaciones penales del país, como fue la Ley de Indulto Conmutativo por Covid 19, bajo el argumento que se trata de personas condenadas por delitos de ‘lesa humanidad’, a sabiendas que ellos están juzgados por delitos comunes y la verdad jurídica ya está establecida por los tribunales ‘.
Explicó que solicitarán a la Justicia se pronuncie sobre la legalidad o no de clasificar a los afectados como ‘criminales de lesa humanidad’, dado que ello es contrario a lo que las sentencias que cumplen indican, y provoca un gran número de efectos nocivos que no corresponden.
“El denominado plan nacional de derechos humanos incurre en muchas de esas ilegalidades y contempla medidas persecutorias en contra de los internos, contraviniendo lo que las propias sentencias han establecido”, puntualizó el Presidente de la Multigremial de Militares y Policías (R), Pedro Veas Diabuno .
