El Juzgado de Garantía de Viña del Mar dio lugar a la reapertura de la investigación contra Javier Garrido Vásquez, Manuel Echeverría León y Pablo Staig Araujo, por malversación de caudales públicos por un plazo de 60 días a contar de hoy, para realizar la pericia contable, en la arista conocida como “horas extra en la municipalidad de Viña del Mar”.
El Juzgado de Garantía de Viña del Mar dio lugar hoy –jueves 23 de septiembre– a la reapertura de la investigación por un plazo de 60 días en la causa abierta en contra de Pablo Staig Araujo, Manuel Echeverría León y Javier Garrido Vásquez, imputados por el Ministerio Público como autores del delito de malversación de caudales públicos. Ilícito que habrían cometidos entre 2014 y 2015, en el municipio local.
En la audiencia de discusión de la reapertura de la investigación (causa rol 3.246-2018), la magistrada Aída Torres Salgado acogió la solicitud formulada por la querellante Consejo de Defensa del Estado (CDE), con el apoyo del Ministerio Público y la oposición de la defensa, y autorizó la realización de una diligencia contable para determinar el monto exacto defraudado. Pericia solicitada en el inicio de la causa y no concretada, por lo que el tribunal la consideró pertinente para decretar la reapertura de la indagatoria y no como una petición extemporánea o dilatoria.
La audiencia fue presidida por la magistrada Aída Torres, quien entregó detalles de lo resuelto hoy en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar.
El fiscal jefe de Valparaíso, Cristián Andrade, entregó detalles con respecto a la reapetura de la causa «horas extras 1», la que se autorizó por 60 días, período donde sólo se efectuará una pericia solicitada por el Consejo de Defensa del Estado.
Explica las características de la misma, además de las investigaciones que se mantienen de manera paralela relacionadas a la Municipalidad de Viña del Mar, como «horas extras 2», que incluye todo el otro período que no fue formalizado en la primera arista.
El abogado procurador Fiscal de Valparaíso, Michael Wilkendorf, señaló que “como Consejo, en representación de la Municipalidad de Viña del Mar y en nuestra calidad de querellante de esta causa, consideramos correcta la decisión del Tribunal, pues permitirá realizar una diligencia probatoria contable solicitada en nuestra querella y que se encontraba pendiente, de manera de contar con mayores antecedentes para determinar, entre otros, el perjuicio causado, su cuantía y, consiguientemente, las penas que se podrían aplicar en caso de comprobarse en juicio el delito de fraude al Fisco por el cual se encuentran formalizados los tres querellados”.
Por su parte, Tomás Palacios, abogado litigante del CDE que participó en la audiencia, añadió que “la diligencia es pertinente para los efectos de reforzar la acreditación del perjuicio, elemento del tipo penal que exige el delito de fraude al Fisco”.
Previamente, el Consejo de Defensa del Estado se opuso al sobreseimiento solicitado por la defensa, al considerar que los hechos denunciados sí constituyen delito, lo que fue acogido por el Tribunal.
