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A causa de protestas por el estallido social: piden recursos públicos para ayudar a locatarios que hayan sufrido daños

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El Senado, a través de un proyecto de acuerdo, solicitó al Presidente de la República disponer de recursos públicos para ayudar a los locatarios, micro, pequeñas y medianas empresas que hayan sufrido daños en el contexto de las protestas y manifestaciones sociales acaecidas en el período del estallido social del 18 de octubre de 2019 y que, en algunos casos ha significado la pérdida de fuentes de trabajo y una grave afectación a su calidad de vida.

La propuesta fue patrocinada por los senadores Juan Ignacio Latorre, Isabel Allende, Loreto Carvajal, Carolina Goic, Adriana Muñoz, Ximena Órdenes, Ximena Rincón, Pedro Araya, Alfonso De Urresti, José Miguel Durana, Álvaro Elizalde, Guido Girardi, Alejandro Guillier, Francisco Huenchumilla, Ricardo Lagos, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Alejandro Navarro, Rafael Prohens, Jaime Quintana, Rabindranath Quinteros y Jorge Soria.

Los autores recuerdan que en el marco de las masivas protestas “hubo múltiples personas que protagonizaron destrozos, saqueos y daños a la propiedad de locatarios de los sectores cercanos en el que tomaron lugar las manifestaciones, lo que provocó daños en el comercio local sobre las que no existen responsabilidades individuales identificadas pero que encuentran la causa de su reparación en la incapacidad del Estado de prevenir una crisis social y de proteger esos locales que resultaron dañados durante el proceso social que experimentamos como país”.

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Agregan que “las pérdidas y daños sufridos por particulares son consecuencia de la incapacidad del Estado de Chile de prevenir y evitar una crisis social que se gestó en el seno de una sociedad desigual, abusiva, donde se vulneran regularmente los derechos económicos, sociales y culturales de su población y que derivó en una expresión masiva y enérgica de malestar social durante los días previos y posteriores al 18 de octubre de 2019”.

En estos argumentos se funda la solicitud, para que el Gobierno se haga parte de la reparación que el comercio local requiere tras los daños materiales sufridos durante el estallido social en el contexto de las protestas y manifestaciones sociales que tomaron lugar.

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