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Autoridades y usuarios de cannabis medicinal exigen al Fiscal Nacional detener persecución en su contra

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Esta mañana la diputada Karol Cariola, la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, la directora de Fundación Daya, Ana María Gazmuri, junto a un grupo de pacientes, usuarios medicinales de cannabis y organizaciones sociales, se manifestaron en el frontis de la Fiscalía Nacional para exigir el fin de la criminalización y persecución que sufren por cultivar su medicina e hicieron entrega de una carta al Fiscal Nacional, Jorge Abbott.

Según datos aportados por Fundación Daya, la comunidad de usuarios de cannabis en Chile asciende a 4.800.000 personas, de los cuales, más de 1.900.000 son pacientes y/o usuarios medicinales de esta planta. En los últimos meses la persecución de las policías y el Ministerio Público se ha intensificado, con detenciones, allanamientos y condenas injustas y arbitrarias. El 80% de las detenciones corresponden a usuarios y no traficantes, motivo por el cual se unieron para manifestar su repudio al Fiscal Nacional, Jorge Abbott y exigir el fin de estas prácticas.

La diputada Karol Cariola, autora del proyecto de ley Cultivo Seguro, recordó la reunión pendiente con Interior y exigió a la Fiscalía poner fin a la persecución de usuarios medicinales de cannabis: “nos parece necesario que se termine de manera definitiva con la persecución de los usuarios de la cannabis medicinal. Nosotros hemos sido sumamente proactivos y proactivas, hemos presentado propuestas, llevamos más de un año esperando la audiencia que se comprometió a tener con nosotros y nosotras el Ministro del Interior. Hasta ahora todavía no nos entregan la fecha para poder reunirnos, a pesar de que dijo que sí”, sostuvo la parlamentaria.

Cariola, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, agregó que “lamentablemente la Ley 20.000 ha sido un flagelo permanente. Seguimos con el desafío de tener una nueva ley que establezca una política de drogas integral en Chile, pero mientras tanto, a lo menos, necesitamos sacar adelante la ley Cultivo Seguro, necesitamos que sea ley de la República para terminar con este flagelo de la criminalización de los usuarios”.

En la misma línea, la directora de Fundación Daya, Ana María Gazmuri, responsabilizó directamente al Fiscal Nacional, Jorge Abbott. “Manifestamos nuestra indignación, agotamiento y estupor por esta situación que no cambia, por esta constante y permanente vulneración a los Derechos Humanos de la inmensa comunidad cannábica. Son 4.8 millones de personas que se ven bajo amenaza de persecución por el Estado de Chile”, expresó.

Y agregó: “Es una vergüenza en el contexto internacional y en la región, donde esto ya no está pasando, somos el país con mayores tasas de presos por plantar, de personas en prisión preventiva por cultivo personal de cannabis, a pesar de que nuestra Ley persigue el tráfico y pone como excepción los usos personales. No entendemos el ensañamiento de Fiscalía, responsabilizamos al fiscal Abbott quien dirige esta institución, quien a pesar de las múltiples cartas, oficios y manifestaciones no se ha allanado a mirar esta situación cómo corresponde. No es tolerable que sigamos sosteniendo esta crisis de DDHH», dijo Gazmuri.

Cabe señalar que la Ley Cultivo Seguro fue puesta en tabla en la Comisión de Salud del Senado el pasado martes 28 de septiembre luego de tres años de espera y tras ser aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputados en mayo del 2018. La votación fue aplazada para la próxima semana, ya que la senadora Ena Von Baer (UDI) dijo desconocer el tema y solicitó la presentación del ministro de Salud, Dr. Enrique Paris.

“Para nosotros es fundamental que la Comisión de Salud del Senado se ponga en los zapatos de las familias cultivadoras porque es una burla que hoy digan que necesitan más tiempo para ver el proyecto cuando lo han tenido en sus manos por más de tres años. En nuestra comuna hay narcotráfico, fuegos artificiales todas las semanas pero van a allanar a una familia cultivadora, lo cual es una vergüenza. Exigimos al Fiscal Nacional que deje de perseguir a las familias cultivadoras y haga su trabajo con los grandes narcotraficantes de nuestro país”, destacó Paulina Bobadilla, fundadora de Mamá Cultiva y hoy alcaldesa de Quilicura.

Al finalizar, un pequeño usuario medicinal de 12 años, Javier, quien sufre de parálisis cerebral, entregó un emotivo testimonio. “Unos vecinos nos denunciaron porque teníamos plantas en el antejardín y en el patio. De repente llega una camioneta y se le acerca alguien con una pistola y le muestra una placa de (la Policía de) Investigaciones, le dijeron que la estaban siguiendo durante meses por las plantas, el señor nos perdonó porque le mostramos todo el proceso… yo al momento de enterarme me dio mucha rabia porque los vecinos no tienen derecho a meterse en nuestra vida, primero tienen que preguntar por qué hay olor a marihuana, ¡qué derecho tiene a meterse en mi vida, qué derecho tienen!”, dijo.

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