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Grupo de convencionales presenta moción para que la Defensoría Penal Pública disponga de autonomía constitucional

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La moción, impulsada por el convencional Felipe Harboe, del Colectivo del Apruebo, junto a otros convencionales, establece en un artículo que la Defensoría Penal Pública será autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con una ley orgánica que determinará su organización y atribuciones.
Este lunes, en una presentación realizada en la sede de la Convención, un grupo de constituyentes pertenecientes al Colectivo del Apruebo, Felipe Harboe (autor de la iniciativa), Manuel José Ossandón del Colectivo Independientes, RN-Evópoli,  y Helmuth Martínez de Independientes No Neutrales, presentaron una moción donde se establece a la Defensoría Penal Pública como un órgano con autonomía constitucional.
Esta iniciativa también cuenta con el respaldo de María Rivera, del Colectivo Pueblo Constituyente y los  integrantes del colectivo del Apruebo: Agustín Squella, Eduardo Castillo, Luis Barceló, Rodrigo Logan y Miguel Ángel Botto.
La propuesta de norma constitucional cuenta con un artículo que declara: «Existirá una Defensoría Penal Pública, autónoma y con personalidad jurídica, encargada de proporcionar defensa penal a los imputados o acusados que carezcan de abogado, en la forma prevista por la ley. Una ley orgánica determinará su organización y atribuciones».
Para el convencional Felipe Harboe, la importancia de dotar de autonomía constitucional a la Defensoría Penal Pública, se basa en dos causas: “Primero,  porque consideramos que es muy importante que en proceso penal, ambas instituciones que participan, tengan igualdad de condiciones; y segundo, por que la experiencia ha demostrado que el rol que ha jugado la Defensoría Penal Pública, y el ejercicio autónomo de su funciones, dan cuenta de un grado de responsabilidad muy importante que amerita un reconocimiento de carácter constitucional”
Asimismo, en tercer lugar, el ex senador por Ñuble, estableció que “ no queremos que el día de mañana pueda llegar un gobierno y que considere que en el rol de mantener la seguridad, debilite el rol de la Defensoría Penal Pública a través de, por ejemplo, restricciones presupuestarias, o  dejar sin efecto los nombramientos. Es fundamental porque va a trascender al gobierno de turno, va a ser una institución de Estado”.
Por su parte, el constituyente Manuel José Ossandón, del Colectivo Independientes, RN-Evópoli, manifestó que “el hecho que la Defensoría tenga un rango constitucional, le da cierta independencia. Le da un rango que la pone en igualdad de condiciones con le Ministerio Público, lo cual creo es muy bueno porque va a generar una competencia justa que va a mejorar la calidad de los procesos penales”.
Finalmente, el representante del colectivo Independientes No Neutrales, Helmuth Martínez, señaló que  “Uno de los hitos de este nuevo proceso es justamente hablar de uno de los temas que más importan a los chilenos que tiene que ver con la justicia. Con instituciones o entidades robustecidas, es decir que tengan más atribuciones y más autónomas, de alguna manera también crece la democracia”.

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