Ante reiteradas denuncias de profesores y docentes de diversos lugares del país por despidos injustificados, el diputado Rodrigo González, autor de la actual Ley 21.399 que modifica cuerpos legales en materia de orden laboral respecto de los profesionales de la educación, ofició a la Contraloría para que instruya a la Superintendencia de Educación, y por su intermedio a los sostenedores, para que se ajusten a la actual legislación publicada el pasado 27 de diciembre.
El problema surge ya que la nueva Ley de Titularidad, que fue vetada en su momento por el propio Presidente Sebastián Piñera, dilatando su tramitación, se publica en momentos en que quienes administran los establecimientos educacionales tienen prácticamente definidas las dotaciones docentes para este 2022, proceso que se informa en los meses de noviembre, diciembre y enero, previo a la dictación a la actual ley, perjudicando a profesionales que cumpliendo los requisitos para acceder a la titularidad no la reciban, siendo incluso desvinculados.
Según explica González, hay establecimientos que tomaron acciones antes de la publicación de la actual normativa, lo que contraviene absolutamente el actual sentido del proyecto “la finalización del año escolar coincidió con la publicación de la ley, y esto ha llevado a un sin número de denuncias que demuestran con certeza que los sostenedores; DAEM, Corporaciones y Servicios Locales actuaron bajo las normas previas al 27 de diciembre para conformar sus dotaciones afectando los derechos ya adquiridos por los profesores. Hay sostenedores municipales quienes han despedido a cientos de profesores en los últimos días”.
“Lo más urgente y que se lo expresamos al Contralor Nacional es que las dotaciones docentes deben estar totalmente definidas al 31 de enero de este año y los profesores en funciones el 1 de marzo, por lo que cualquier cambio o modificación debe hacerse en el más breve plazo posible y con el acuerdo entre el sostenedor y el docente” sostuvo González.
En el oficio se pide expresamente a la Contraloría se revise toda modificación laboral, contractual y desvinculación de docentes asociadas a la conformación de la dotación 2022 en los establecimientos educacionales y la ajusten a la Ley 21.399, o bien, emita un pronunciamiento de legalidad acerca de los alcances de la nueva normativa.
