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Diputado Schubert por Acuerdo de Escazú: “aumenta el riesgo de una interpretación equivocada y perjudicial para el Estado”

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Luego de que la iniciativa fuera aprobada en la Cámara de Diputados, el legislador manifestó que “el amplio espacio interpretativo que permiten sus disposiciones aumenta el riesgo de una interpretación equivocada y perjudicial para el Estado”.

Una de las primeras acciones del presidente Gabriel Boric al llegar a La Moneda fue firmar el Acuerdo de Escazú, un tratado del que son parte 12 países de América Latina y del que Chile no era partícipe por decisión del exmandatario Sebastián Piñera. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), este convenio consiste en “una herramienta para la protección del medio ambiente y los derechos humanos y busca garantizar el acceso a la información, participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en las zonas ratificadas”.

Este tratado internacional todavía tiene que ser ratificado en el Congreso por ambas Cámaras, para que Chile adhiera oficialmente y entre en vigor en su totalidad. Una de las voces críticas a la iniciativa es la del diputado independiente pro Partido Republicano, Stephan Schubert, quien ha estado participando en diferentes instancias en el Parlamento en que se han visto los argumentos a favor y en contra si nuestro país accede a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

“El mayor riesgo del Acuerdo de Escazú es la interpretación y aplicación que puedan hacer los tribunales nacionales, considerando su rango supra–legal. El amplio espacio interpretativo que permiten sus disposiciones aumenta el riesgo de una interpretación equivocada y perjudicial para el Estado. El problema es muy similar al que se enfrenta hoy en relación con la aplicación del Convenio N° 169 sobre pueblos originarios, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que siendo positivo en muchos aspectos, contiene normas que han perjudicado el desarrollo de comunidades, generando actos de discriminación que no contribuyen a la sana convivencia”, recalcó el parlamentario.

Según el representante de la Región de la Araucanía, el segundo mayor riesgo es la utilización del Acuerdo de Escazú para llevar un caso ante la Comisión/Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Es muy probable que la Comisión utilice el Pacto de Escazú para interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos, aumentando las posibilidades de condenar al Estado en estos asuntos. Además, la otra amenaza es la utilización que personas naturales o jurídicas hagan de la nueva Institucionalidad que crea el Acuerdo de Escazú. La Secretaría Ejecutiva, que está a cargo de la CEPAL, puede ejercer un rol activo en la implementación del tratado”.

Para concluir, el congresista añadió que la otra dificultad que existe con este convenio es que si se genera una disputa internacional con un país vecino ante la Corte Internacional de Justicia o un Tribunal Arbitral, un Estado podría demandar directamente a Chile por incumplir su obligación de cooperación (artículo 11) o a través de la Protección Diplomática en defensa de una persona o empresa (artículos 5, 6, 7 y 8).

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