Gustavo Benavente y Henry Leal pedirán que la secretaria de Estado acuda a la comisión de Constitución e informe las medidas que adoptará el Gobierno para evitar el ingreso de extranjeros con antecedentes criminales.
A raíz de la denuncia que realizó un magistrado del Poder Judicial respecto a graves extorsiones que se están produciendo al interior del Centro de Detención Preventiva Santiago 1, donde grupos de extranjeros amenazan a imputados sin antecedentes penales a cambio de sumas de dinero, los diputados de la UDI Gustavo Benavente y Henry Leal, anunciaron que citarán a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, a la comisión de Constitución de la Cámara Baja, a objeto de que aclare si tenían conocimiento de dicha situación y si se estaría replicando también en otros penales del país.
Al respecto, los parlamentarios calificaron la denuncia como “grave”, sobre todo considerando que los módulos destinados para imputados “primerizos” estarían siendo ocupados mayoritariamente por extranjeros de los cuales se desconoce si tienen o no antecedentes, lo que está derivando justamente en prácticas como las que denunció en los últimos días un juez de garantía.
“Las denuncias de extorsión que realizó un magistrado del Poder Judicial son absolutamente graves y merecen una explicación de parte de las autoridades políticas. El Gobierno, en específico el Ministerio de Justicia, tienen el deber de aclarar si este tipo de prácticas se están repitiendo en el resto de los recintos penitenciarios de nuestro país, como también deben aclarar bajo qué criterios están derivando a la población penal, en específico a los extranjeros cuyos antecedentes muchas veces desconocemos”, señalaron los diputados UDI.
Asimismo, Benavente y Leal cuestionaron que no exista una coordinación por parte del Gobierno con el resto de los países de la región, a objeto de conocer si los extranjeros que han sido procesados tienen o no antecedentes en sus lugares de origen. Por lo mismo, emplazaron a la actual administración a intervenir de manera urgente en dicha situación y a enfrentar también la descontrolada migración ilegal que está ocurriendo en la Macrozona Norte.
“El Gobierno no sólo ha renunciado a su labor de controlar la migración ilegal en nuestro país, suspendiendo por ejemplo los vuelos de expulsión de todos los extranjeros que han venido sólo a delinquir, sino que además están haciendo vista gorda con respecto a lo que está ocurriendo al interior de los penales, donde ese desinterés de enfrentar este grave problema está ocasionando que los internos sin antecedentes tengan que convivir con extranjeros que podrían tener un amplio prontuario judicial en sus países de origen, y lamentablemente nuestras autoridades están haciendo vista gorda”, criticaron los parlamentarios gremialistas.
“Por lo mismo -agregaron Benavente y Leal-, la ministra de Justicia tendrá la obligación de aclarar todos estos hechos e informarnos qué medidas adoptará el Gobierno para frenar la migración ilegal, cómo evitará que grupos de delincuentes se dediquen a extorsionar y amenazar al interior de las cárceles, y cuándo pretenden retomar los vuelos de expulsión de quienes han delinquido o tengan antecedentes penales”.
