Los diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton, Ximena Ossandón, María Luisa Cordero, Andrés Celis, Diego Schalper y José Miguel Castro, enviaron un oficio a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos solicitando la información que el ministerio tuvo a la vista para dejar sin efecto la utilización en distintos recintos penitenciarios del país los sistemas de escáner corporal o “body scan”, herramienta que permite visualizar los elementos que portan las visitas y personas que tendrán contacto con los internos de los recintos penales al momento de ser sometidos a la revisión de rutina previa a su ingreso al recinto penal.
Según se lee en el escrito, “Esta tecnología brinda dos beneficios muy relevantes. En primer lugar, logra evitar la revisión física cuando se sospecha o existen indicios de que la persona externa al penal y que hará ingreso a él porta elementos prohibidos, tales como drogas, armas o equipos telefónicos. Como se sabe, estos suelen ser ingresados en partes íntimas del cuerpo humano, por lo que su detección mediante este sistema es una actividad positiva que protege la intimidad de la persona controlada y es más condescendiente en términos sanitarios al evitar el contacto físico”.
“En segundo lugar, posee una mayor capacidad de detección de tales elementos prohibidos, habida consideración de que, como se sabe, hoy proliferan al interior de las cárceles elementos como equipos telefónicos, armas de distinto tipo y sustancias prohibidas, las que incentivan una mayor criminalidad tanto al interior de la cárcel, como desde esta hacia el exterior.”
Según argumentó el diputado y jefe de bancada RN, Andrés Longton, “es realmente insólito y un despropósito, en un momento donde el gobierno debería estar en una cruzada contra el crimen organizado y el narcotráfico, que la Subsecretaría de Salud le quite una de las pocas herramientas eficientes que tiene Gendarmería para controlar el ingreso de drogas y armas dentro de las cárceles. Con esto, están convirtiendo las cárceles en un lugar cada vez más cómodo para delinquir y eso es inaceptable”.
Y agregó: “Nunca hay que perder la capacidad de asombro con este gobierno. Esperamos que sea revertida esta absurda decisión. Insistiremos ante el Ministerio de Justicia por todas las vías necesarias para que así sea”.
Mientras que su par, el diputado Andrés Celis Montt, dijo que “No entiendo la razón de eliminar una herramienta que es sumamente efectiva para detectar elementos prohibidos, evitando un procedimiento invasivo de inspección”.
“Lo que debemos buscar es garantizar la seguridad al interior de las cárceles, inhibir el contrabando y avanzar tecnológicamente para cubrir las necesidades que tiene Gendarmería y no lo contrario.”, agregó luego..
A su turno, el diputado e integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana, José Miguel Castro añadió:“Este gobierno no para de ser garantista con la delincuencia. La subsecretaría de salud, ha prohibido el uso de «Body Scan» con la mala excusa de que quiere proteger la salud de las visitas que ingresan a las cárceles… Body Scan es un sistema 100 veces menos peligroso que una radiografía y es una tecnología probada hace alrededor de 10 años en nuestro país”.
La diputada Ximena Ossandón en tanto argumentó que “Me parece que es una pésima medida y refleja un desconocimiento total de la realidad que se vive en los Centros Penitenciarios, ya que por un lado expone a los funcionarios y a los internos, y por otro lado alienta al crímen organizado dentro de las cárceles. Sería bueno conocer cuáles son las medidas que van a implementar para reemplazar este mecanismo. No creo que estén dispuestos a volver a los exámenes físicos”.
Finalmente es importante destacar que, en el escrito, los diputados solicitan que la jefa de la Cartera de Justicia, entregue los siguientes antecedentes:
– Existencia de alguna evaluación o informe por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o de Gendarmería de Chile en relación a la conveniencia de la decisión de la Subsecretaría de Salud Pública, consistente en prohibir el uso de scanner corporal. De no existir, elaborarla y remitirla.
– Remitir información acerca de la eficiencia del uso de scanner corporales en centros penitenciarios y centros del Sename en los que son empleados, remitiendo si existiera un informe de casos en los que han evitado el ingreso de elementos prohibidos al interior de los mismos.
– Costos totales reajustados que tuvo la adquisición de dichos elementos, y destino de los mismos una vez que se suspenda su uso.
– Inconveniencia de realizar registros corporales, e informes relativos a su compatibilidad con el ejercicio de los derechos fundamentales.
