La bancada de diputados de Renovación Nacional liderados por los diputados Andrés Longton y Sofía Cid en calidad de de jefe y subjefa de bancada respectivamente, solicitaron a especialistas un análisis acerca de las consecuencias de la propuesta constitucional en materia de seguridad, con el fin de advertir las consecuencias que derivarían en esta materia, de aprobarse el texto constitucional en el Plebiscito del 4 de septiembre próximo.
Cabe destacar que entre las principales conclusiones, el informe solicitado indica que “el borrador que emana de la Convención Constitucional contiene una serie de normas que tienen incidencia directa o indirecta en cuestiones referidas a la seguridad ciudadana y a la persecución penal; y que si bien las materias antes señaladas se desarrollan en profundidad a nivel legal, es innegable que la Carta Fundamental contiene normas, principios e instituciones que provocarán un cambio sustancial respecto del estatuto vigente”.
“En términos generales-, añade el análisis,- la propuesta de nueva Constitución contiene disposiciones que van en desmedro de las competencias del Estado en el control del orden y la seguridad pública interior, y complejizan la persecución penal y el combate del crimen organizado”.
El informe advierte de los efectos de la creación de un estatuto de derechos fundamentales de las personas privadas de libertad; la incorporación entre los sujetos acusables constitucionalmente al general director de Carabineros y al director de la PDI; la eliminación del estado de emergencia; la supresión de la facultad presidencial de disponer protección a la infraestructura crítica por parte de las FF.AA, o la politización de la persecución penal, entre otros problemas.
Consultado sobre la materia, el jefe de bancada RN, Andrés Andrés sostuvo: “Hemos dispuesto una serie de informes del impacto de la eventual entrada en vigencia de la propuesta de nueva constitución en diversas áreas que concentran el interés ciudadano”.
Y agregó: “Seguridad ciudadana, una de las inquietudes más importantes para los chilenos, deja un saldo absolutamente negativo para quienes creen que el Estado debe concentrar sus esfuerzos en combatir el crimen organizado y poner a los delincuentes tras las rejas. Irónicamente, el texto centra su atención en la protección de los criminales y elimina herramientas que permiten proteger el orden institucional”.
En tanto que Sofía Cid agregó que “sistemáticamente a quienes estamos en contra de la propuesta constitucional se nos intenta descalificar señalando que no hemos estudiado el borrador. Pues bien, lo hemos leído, analizado, y el resultado es aún más desalentador. De entrar en vigencia esta Constitución se le restan competencias y facultades al Estado para enfrentar a los delincuentes, se debilita la autonomía de las policías en sus decisiones operativas y se provee a los delincuentes de un estatuto de protección que, en relación a las víctimas brilla por su ausencia”.
Finalmente, el análisis considera que “rescatando la disposición que establece el derecho a vivir en un entorno seguro y libre de violencia, cuesta encontrar normas, principios o instituciones que persigan precisamente dicho fin. La norma fundamental que se propone parece no advertir la demanda ciudadana por el orden y la seguridad. Por el contrario, tiende a eliminar o debilitar competencias estatales en dicha línea”.
