Uno de los triunfos de la democracia moderna y de sus instituciones es el principio de la igualdad ciudadana y el resguardo de sus derechos. Con más o menos incidencia, las democracias liberales reconocen necesario el poder coercitivo del Estado para el desarrollo armónico de la sociedad, principalmente en la demarcación legal y su fiscalización.
Ya desde el siglo XVII, no obstante, también se distingue la necesidad de limitar su poder, especialmente en contextos de elección, fundamentales en la deliberación y la legitimación de la democracia. ¿Cuál es el rol del Estado en dichos momentos? Asegurar las condiciones para que campañas, debates y escrutinio se ejecuten con seguridad, igualdad de condiciones, sin coerción y sin cohecho.
En diversas circunstancias, gobiernos han usado el argumento de la información, la seguridad interior, la estabilidad de proyectos y el sustento de la cultura democrática para incidir en el resultado electoral. Así ha ocurrido, por ejemplo, en los totalitarismos del siglo XX europeo y en las dictaduras latinoamericanas.
Hoy, frente al plebiscito, con el subterfugio del voto informado, hemos visto que el gobierno se involucra y estaría apoyando su posición con recursos de todos los chilenos. Frente a ello, y por analogía, solo quedaría concluir que estaríamos frente a un abuso del poder que, en la historia, no solo debilita la democracia, sino que constituye el cimiento de posibles populismos y totalitarismos.