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Bancada de RN acude al CDE para que evalúe acciones penales en favor del fisco por uso de recursos públicos en campaña del Apruebo

Bancada de RN acude al CDE para que evalúe acciones penales en favor del fisco por uso de recursos públicos en campaña del Apruebo

Parlamentarios sostienen que hay conducta sistemática de las autoridades que han decidido desconocer normas e instructivo de Contraloría.

La Ley de Bases Generales de la Administración prohibe realizar cualquier actividad política dentro de la Administración del Estado o usar su autoridad, cargo o bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones”. Algo sobre lo que además la Contraloría General de la República recordó e instruyó el 28 de abril a raíz del plebiscito del 4 de septiembre. Y que reiteró recientemente en julio.

Pese a todo, ni la ley ni los instructivos de la Contraloría bastaron para que municipalidades y algunos ministerios, entren en razón. Esto llevó en definitiva a que la Bancada de Diputados de Renovación Nacional acudiera ahora al Consejo de Defensa del Estado para que evalúe el ejercicio de la acción penal “tratándose, especialmente, de delitos tales como malversación o aplicación publica diferente”.

En la carta entregada este viernes 12 de agosto y dirigida al presidente del CDE, Juan Antonio Peribonio, los parlamentarios denuncian que servicios públicos y municipalidades a lo largo del país, “han destinado funcionarios y recursos públicos para desplegarse por la opción del apruebo con la finalidad de incidir en el plebiscito de salida del 4 de septiembre próximo”.

En el documento señalan “el mural realizado por la Municipalidad de San Bernardo o el la iniciativa «Maipú constituyente»”. A ellos se suman las numerosas ocasiones en que fueron utilizadas cuentas municipales en favor de una de las opciones del plebiscito, lo que dejan a la vista “una conducta sistemática de prevalerse de los recursos y de la función pública de manera reñida con el principio de probidad”.

Hacen notar los parlamentarios, que lo detallado más arriba se produjo tras los instructivos de la Contraloría General de la República, órgano que además ya han sumariado a Pudahuel, Ñuñoa y Lampa, “argumentando que los municipios se encuentran impedidos de utilizar sus bienes o recursos en fines distintos a los que la ley les permite”.

La carta también explica que los ministerios Secretaría General de la Presidencia y de Gobierno, estuvieron bajo investigaciones especiales, a lo que se suma lo revelado por el propio Seremi de Salud del Biobío, Eduardo Barra, que dijo estar mandatado por el Presidente Boric para “impulsar el apruebo”.

Finalmente y ante la opción por parte de distintas autoridades de “desconocer las normas que informan de la función pública así como los dictámenes e instrucciones específicamente dictadas al efecto por la Contraloría General de la República, parece conveniente aumentar el reproche estatal con una respuesta que supere lo meramente administrativo –más aún considerando que las responsabilidades administrativas suelen quedar al arbitrio de la propia Administración-, para lo cual creemos se debiese evaluar y someter la deliberación del Consejo la utilización de la vía penal como una forma de resarcir el daño que se ha hecho el patrimonio fiscal y a la integridad de de la función pública”.