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Corte de Santiago aumenta indemnización a víctima de torturas en regimiento Tejas Verdes de San Antonio

Corte de Santiago aumenta indemnización a víctima de torturas en regimiento Tejas Verdes de San Antonio

La Corte de Apelaciones de Santiago elevó el monto de la indemnización que el fisco deberá pagar a Marta Elena Vera Sanhueza, quien fue detenida el 17 de septiembre de 1973 en Melipilla e ingresada a la comisaría de la comuna y luego trasladada al Regimiento Tejas Verdes de San Antonio, recinto militar donde fue sometida a cruentas sesiones de torturas, vejaciones sexuales y descargas de electricidad. Tras quedar en libertad, el 20 de octubre de 1973, fue requerida hasta fines de 1974 en múltiples oportunidades por las autoridades militares de la época, ocasiones en que volvió a ser torturada.

En fallo dividido (causa rol 6.651-2022), la Quinta Sala del tribunal de alzada –integrada por el ministro Juan Cristóbal Mera y las ministras María Soledad Melo y Natacha Ruz– confirmó la sentencia de primer grado, dictada por el Segundo Juzgado Civil de Santiago, con declaración que se eleva el monto de la indemnización que el fisco deberá pagar por concepto de daño moral, a $80.000.000 (ochenta millones de pesos).

“Que los hechos descritos por la actora en su demanda no están controvertidos por la demandada, de manera que se tiene por cierto que aquella fue detenida el día 17 de septiembre de 1973 en presencia de su madre y de sus hijos de a la sazón 5 y 6 años, trasladada al regimiento de Tejas Verdes donde fue sometida a torturas consistentes en golpes de pies y puños, aplicación de electricidad y vejaciones sexuales, siendo liberada en noviembre de 1973, pero, constantemente requerida por la autoridad, hubo de salir de Chile rumbo a Venezuela y luego a Argentina”, consigna el fallo.

La resolución agrega: “Que tal relato fáctico, aunado a las evidencias que ha ponderado el tribunal a quo en los razonamientos reproducidos, y teniendo en cuenta que el quantum de un daño de esta naturaleza, extrapatrimonial, siempre queda entregado a la prudencia de los juzgadores, debe fijarse en este caso en la suma de $80.000.000”.

Decisión acordada con el voto en contra del ministro Mera.