El diputado de la bancada del Partido Socialista, Leonardo Soto, comentó este lunes la información dada a conocer por un reportaje de La Tercera que revela que el ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, tenía una cuenta en Banco de Chile con $2.300 millones y quedara al descubierto cientos de transferencias en efectivo.
Al respecto, el parlamentario socialista aseguró que «este es uno de los casos de corrupción municipal de mayor gravedad y cantidad de perjuicio causado, que se ha conocido en la historia».
«Se habla que el ex jefe comunal había tenido dinero ilícito por más de 2.300 millones de pesos, los que fueron incautados durante un allanamiento en su casa de veraneo. Se trataba de fajos de billetes que estaban escondidos en las murallas», agregó el legislador del PS.
Haciendo énfasis en que «aquí se dan todas las condiciones para que la justicia aplique la máxima de las penas posible: la cárcel efectiva».
Según el diputado Soto, Raúl Torrealba al ser «una autoridad de un cargo de elección popular, tiene una condición agravante en la legislación. Es una persona que tuvo un delito reiterado en el tiempo. El botín que le sustrajo a sus ciudadanos, sin duda, es gigantesco. Cuántas ayudas económicas se pudieron financiar con estos recursos».
De igual modo, recordó que junto a la ministra Secretaria General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, anunciaron el proyecto de ley “Municipios Transparentes” durante la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción.
«Esta iniciativa -a la cual pediremos al gobierno que le coloque suma urgencia- ataca las condiciones que facilitaron la corrupción del alcalde Torrealba, que se mantienen hoy día activas y vigentes en la misma institución, en la Municipalidad de Vitacura, y en todos los municipios del país. A la corrupción hay que cerrarle los espacios institucionales. Las Corporaciones Municipales son los lugares donde se desarrolló el cáncer en Vitacura y se puede desarrollar, si existen las facilidades, en todos los municipios del país», declaró el parlamentario.
La iniciativa tiene como propósito incorporar normas para la prevención de la corrupción, ampliar los mecanismos de participación ciudadana, y elevar los niveles de probidad y transparencia en la gestión municipal, de corporaciones y fundaciones de participación municipal.
