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Bancada RN pide investigación para determinar responsabilidades administrativas por fracaso de fuegos artificiales en el mar

Bancada RN pide investigación para determinar responsabilidades administrativas por fracaso de fuegos artificiales en el mar

El diputado Andrés Celis ingresó requerimiento a la Contraloría Regional que significará una pérdida estimada de 700 millones de pesos, más el impacto negativo para el comercio y turismo de la zona.

La reciente “caída” del festival pirotécnico con que se esperaba recibir al nuevo año 2023, es algo que perfectamente se pudo evitar con bastante antelación. Y así lo expone en un requerimiento que presentó este viernes ante la Contraloría Regional de Valparaíso, el diputado Andrés Celis.

Y en él expone todas las alertas que levantó tanto la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), como también la Subsecretaría de las FF.AA., ante el riesgo que se corría al utilizar fuegos artificiales que estaban vencidos y que no entregaban la seguridad necesaria para las personas.

En el escrito, Celis detalla que “el 4 de abril del año 2021 la empresa Pirotecnia SPA solicitó una autorización extraordinaria a DGMN para utilizar productos pirotécnicos internados en el país en el año 2019”. Agregando que “se autorizó su utilización y paralelamente se dispuso la destrucción de aquellos artificios que no fueran utilizados en el año nuevo de 2021, lo que ya sabemos aún existen”.

Otro antecedente aportado por el diputado parlamentario revela que el 9 de marzo de 2022, el representante legal de Pirotecnia SpA envío un correo a DECAE (perteneciente a la DGMN) para “solicitar nuevamente una autorización de utilización de elementos pirotécnicos
que fueron internados al país durante el año 2019”. Es decir, los mismos que se había instruido destruir el 13 de diciembre de 2021. Y agrega que en junio del mismo año, la DGMN “autorizó de forma excepcional la exportación de fuegos artificiales internados en 2019”, con el objetivo de que la empresa pudiera vender al extranjero.

Un dato más revelador aún, es que la empresa fue fiscalizada el 30 de agosto de este año por la DGMN, informándole ya que dichos artificios no podrían ser utilizados por estar vencidos.

Ante todos estos antecedentes que Celis hizo llegar a la Contraloría Regional, dijo “que el lanzamiento de fuegos artificiales sea una actividad tan importante para ambas ciudades, no permite que los municipios puedan desentenderse de sus responsabilidades”. Añadiendo que a través de sus unidades técnicas debieron “realizar una fiscalización como corresponde, con los tiempos lógicos, no algunas semanas antes del evento”.

Para el diputado por la Región de Valparaíso, Jorge Sharp y Macarena Ripamonti, pese a todos los antecedentes existentes, “siguieron adelante con este oferente, exponiendo la seguridad de todos los habitantes, desperdiciando millonarios contratos y afectando gravemente el turismo y la economía local; a pesar de estar en conocimiento del historial de la empresa que dejaron a cargo”.

Es así como el diputado Celis expuso en el requerimiento presentado a Contraloría, que el alcalde Sharp incluso se reunió con en noviembre último con el subsecretario de las FF.AA. “para ver la situación de los fuegos artificiales”. Y solicitó al Ministerio de Defensa una autorización excepcional para la operación de la empresa Pirotecnia SpA, aludiendo a “la importancia que la fiesta Año Nuevo en el Mar genera para la economía local”. Posteriormente, el edil y representantes de Viña del Mar comenzaron gestiones para encontrar soluciones y viabilizar el show pirotécnico.

Finalmente, Celis pidió al Contralor Regional que requiera la información necesaria a la alcaldesa Macarena Ripamonti y al alcalde Jorge Sharp, en vista que estaban en conocimiento de los reparos que había planteado con bastante antelación la DGMN, y que “disponga de los procesos disciplinarios que con ocasión pudieren proceder, aplicando sanciones a los responsables”.

Cabe recordar que la no realización del Festival Pirotécnico, provocó la pérdida de 700 millones de pesos, dinero que difícilmente puede ser recuperado. Eso, sin considerar, la implicancia económica que significa para el comercio y el turismo de la Región de Valparaíso.