Renzo Trisotti y Juan Manuel Fuenzalida manifestaron su “absoluto desacuerdo” con la decisión de la Corte Suprema y exigieron al Ministerio del Interior acompañar la apelación.
Los diputados de la UDI que integran la comisión investigadora sobre Criminalidad en la Macrozona Norte, Renzo Trisotti y Juan Manuel Fuenzalida, respaldaron la determinación de la Fiscalía Regional de Tarapacá de apelar a la resolución emitida por la ministra de la Corte Suprema, María Cristina Gajardo, quien esta mañana acogió la solicitud de Venezuela para extraditar a Hernán Landaeta Garlotti -conocido como “Satanás”- por su participación en un homicidio en el Estado de Aragua.
Al respecto, si bien los parlamentarios gremialistas señalaron respetar la decisión adoptada por la magistrada, manifestaron su “absoluto desacuerdo” con extraditar al ciudadano venezolano, sobre todo considerando el amplio prontuario delictual que tiene y, además, la actual investigación por secuestro con homicidio que mantiene en nuestro país, delito por el cual está en prisión preventiva.
“Más allá de respetar siempre los distintos fallos judiciales, no podemos desconocer nuestra disconformidad con la extradición de un criminal en nuestro país, porque no existe ninguna garantía de que vaya a cumplir su condena en prisión en Venezuela. Estamos hablando de un delincuente que está siendo investigado por delitos extremadamente graves y de sangre, como son el secuestro con homicidio, y por lo tanto no podemos dejarlo en libertad sin ni siquiera asegurarnos de que vaya a cumplir la pena de manera efectiva y como corresponde”, advirtieron los diputados de la UDI.
Por lo mismo, Trisotti y Fuenzalida emplazaron al Gobierno, en específico al Ministerio del Interior, a hacerse parte del proceso y acompañar a la Fiscalía Nacional en la etapa de apelación ante la Corte Suprema. Incluso, solicitaron que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) también se involucre en el caso, argumentando que “estamos hablando de los intereses y de la seguridad nacional de nuestro país, por lo tanto es indispensable que detrás de la apelación exista un respaldo político”.
“Es absolutamente inentendible que el Ministerio del Interior se mantenga de brazos cruzados viendo cómo un criminal con ese nivel delictual pueda ser extraditado a su país de origen, con la alta posibilidad de que en Venezuela sea puesto en libertad y no cumpla su condena. Incluso, nadie podría descartar que vuelva a ingresar a nuestro país de manera ilegal, burlando así nuestro sistema judicial”, manifestaron los parlamentarios gremialistas, quienes finalmente reiteraron su preocupación por las “señales contradictorias” que se darían en caso de confirmarse la extradición.
“Si queremos combatir de forma efectiva el crimen organizado, el narcotráfico y la migración irregular, no podemos estar liberando a los criminales que cometen delitos de sangre en nuestro país. Las señales que estamos dando no pueden ser tan confusas, y por eso es indispensable que el Ejecutivo se haga parte de este proceso y acompañe a la Fiscalía durante la apelación. Un criminal como el ‘Satanás’ debe cumplir siempre su condena en el país”, insistieron Trisotti y Fuenzalida.
