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Por 82 votos contra 49, Cámara rechazó Acusación Constitucional contra ex ministra Ríos por «caso indultos»

Por 82 votos contra 49, Cámara rechazó Acusación Constitucional contra ex ministra Ríos por «caso indultos»

Por 82 votos en contra, sólo 49 a favor y tres abstenciones, fue rechazada en la Cámara de Diputados, la acusación constitucional contra la ex ministra de justicia, Marcela Ríos, quien había sido objeto de esta acción jurídico-política, debido a las «desprolijidades» que se habrían dado en la firma de 13 industos a personas condenadas por hechos delictuales en el «estallido social» y un ex frentista condenado por un asalto bancario.

La jornada, que se extendió por cuatro horas, comenzó con los argumentos de la parte que acusaba a Ríos, representada por el diputado RN Andrés Longton, tras lo cual tomó la palabra el abogado defensor, el ex parlamentario y ex ministro, José Antonio Viera Gallo. Finalizadas estas exposiciones, correspondió el turno a cada una de las bancadas, que se manifestaron a favor o en contra del libelo.

Tras la votación, una emocionada Marcela Ríos agradeció el apoyo de distintos representantes de sectores políticos, incluyendo algunos de derecha, también destacó el acompañamiento que brindó el actual titular de la cartera, tanto en lo humano como en lo profesional.

«hoy creo que se ha hecho justicia… no hemos infringido ni la ley ni la constitución», puntualizó la militante de Convergencia Social, quien destacó la labor de Viera Gallo, a la ministras Uriarte, Orellana, el Ministro Cordero, «quiero agradecer a mi partido, Convergencia Social, que me ha dado un enorme respaldo y cariño», sostuvo entre lágrimas.

Longton señaló que, tras el anuncio de los indultos, comenzó una seguidilla de situaciones negligentes. Así, se vieron irregularidades entre quienes debían asesorar al Presidente Gabriel Boric en materia de amnistías e indultos. Aquí destacó que la asesoría va más allá de una opinión. “El deber del Ministerio de Justicia era examinar, estudiar y preparar los indultos para ser presentados al Primer Mandatario”, recalcó.

Sobre dicho punto, criticó los errores en la nómina de los indultados junto al prontuario de algunos que no cumplirían con los requisitos necesarios para ser beneficiados. Tal sería el caso de Jorge Mateluna, condenado a 11 años por su presunta responsabilidad en un robo en 2013. También la de Luis Castillo, condenado por diversos delitos.

El diputado afirmó que, en estos casos, no se cumplía la normativa para entregar los indultos. Además, cuestionó la manera en la que este beneficio se ejerció. La situación la reconoció la ministra vocera, Camila Vallejo, sostuvo el diputado.

También insistió en que no existía un vínculo con las movilizaciones del estallido social. Por lo tanto, cuestionó las razones por las que se abrió la posibilidad de indultar a estas personas. Frente a esto, vinculó las decisiones tomadas por ministros de justicia de la expresidenta Michelle Bachelet, quienes no realizaron indultos de estas características.

LA DEFENSA

El abogado José Antonio Viera-Gallo, exparlamentario y exministro, se encargó de la defensa de Marcela Ríos. En su intervención remarcó que las y los diputados no están convocados a emitir un juicio sobre el desempeño de la exsecretaria de Estado.

“Si se interpreta la acusación constitucional como un debate político, se está desnaturalizando el régimen presidencial”, remarcó. Así, postuló que el desempeño de un ministro se puede discutir en otras instancias del Parlamento: las interpelaciones y las comisiones investigadoras.

El jurista acotó que se le acusa porque no habría fundamentado bien los decretos de indulto y no habría intervenido para impedir traslados y permisos penitenciarios. “Yo les puedo decir que ninguna de esas circunstancias calza dentro de las causales taxativas de la Constitución para acusar a un ministro de Estado”, enfatizó.

“La facultad de entregar indultos particulares es una atribución privativa de carácter discrecional. Eso viene desde siempre en la práctica y en la doctrina”, sostuvo.

​Finalmente, interrogó a las y los diputados si les parecía “justo que una persona pueda quedar excluida de la vida publica por 5 años, por no existir un decreto fundado”. “No podría hacer clase en ninguna universidad pública, ni liceo. No hay proporción entre el reproche y la eventual condena”, los llamó a reflexionar.

Respecto al segundo capítulo dijo que Gendarmería tiene facultades pertinentes y privativas en la materia. La concesión o revocación de permisos corresponde al jefe de establecimiento. Ello, según la condición de los internos que gocen con un informe del consejo técnico.