Con la finalidad de escuchar la voz de las familias que han perdido seres queridos y viviendas durante los incendios que afectan la zona centro sur del país, y darles la tranquilidad de que la institución se encuentra trabajando para avanzar rápido en la determinación de las responsabilidades, tanto dolosas como negligentes, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, recorrió hoy la comuna de Santa Juana y la localidad de Punta Lavapié, en la Región del Bío Bío.
Durante su itinerario fue acompañado por la fiscal regional de la zona, Marcela Cartagena, respondiendo entre ambos inquietudes de los familiares de las víctimas. Más tarde, ambos sostuvieron una reunión con la delegada presidencial, Daniela Dresdner, y el gobernador regional, Rodrigo Díaz, más jefaturas de la PDI y Carabineros.
“Vine para escucharlos y decirles que la fiscalía está trabajando, que no se descarta ninguna hipótesis y que la investigación que lleva la fiscal Marcela Cartagena se está realizando con seriedad, objetividad e independencia”, les expresó el Fiscal Nacional.
“Como Fiscal Nacional tengo mi oficina en la ciudad de Santiago, pero no todas las víctimas pueden ir a Santiago para entrevistarse conmigo, por lo tanto habían motivos más que suficientes para que me trasladase a la Región del Bío Bío para efectos de entrevistarme con las víctimas de los casos más graves, y para poder escucharlas”, dijo Ángel Valencia.
En Santa Juana, Valencia se reunió también con la alcaldesa Ana Albornoz, a quien le comunicó el lanzamiento de un protocolo especial de atención a víctimas de emergencias y desastres, que contiene lineamientos para brindar un servicio igualitario, con estándares que permitan a las personas un adecuado ejercicio de sus derechos, aplicable a situaciones ocurridas en cualquier punto del país.
El documento, diseñado por la División de Atención a Víctimas y Testigos (DAVT) de la Fiscalía Nacional, indica que, ante la denuncia de delitos vinculados a emergencias (incendios, terremotos, tsunamis, entre otras) las personas deberán ser derivadas a la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT) a fin de brindarles una
intervención especializada. Asimismo, se recomienda disponer de un sistema que permita detectar de manera temprana estas denuncias, a fin de activar procesos de atención con mayor celeridad.
El protocolo define además la búsqueda activa de víctimas previamente ingresadas a los registros de la Fiscalía por violencia intrafamiliar, y así verificar su estado de afectación producto de la emergencia y evitar que se vean obligadas a solicitar ayuda a sus victimarios y volver a vincularse con ellos. La orden de búsqueda activa se hace
extensiva también a víctimas de delitos sexuales anteriores, para evaluar eventuales medidas de protección adicionales.
Finalmente, se recomienda evaluar la participación en operativos territoriales por parte de las fiscalías regionales y locales durante las emergencias, a través de equipos multidisciplinarios integrados por fiscales y profesionales de URAVIT, y así responder a consultas de la comunidad y recibir posibles denuncias.
