Un llamado al Ministerio de Vivienda para que entregue los recursos que faltan y permitan a 300 familias acceder a sus casas, hizo esta mañana el diputado Andrés Longton. Dirigentes del Comité Villa el Rosario, en Olmué, realizan una huelga de hambre hace 5 días.
“He estado con el Comité Villa el Rosario desde hace mucho años, no lo han pasado bien, han vivido la quiebra de la empresas que iba a construir sus viviendas, después las mismas familias debieron ir a cuidar sus casas para que no les pasara nada, luego un largo y tortuoso camino para reanudar las obras. Y ahora que están a punto de ser entregadas, falta la última etapa, los últimos recursos por parte del Ministerio de Vivienda”, explicó el parlamentario.
Longton destacó que “la Seremi de Vivienda ha hecho todo lo posible para que esto se logre, pero necesitamos mayor celeridad y menos burocracia a la hora de revisar los procesos y asignar los recursos por parte del Ministerio de Vivienda. Son 300 familias, pero se multiplican a lo largo de todo Chile. Las familias están en huelga de hambre y ya no saben qué hacer ante tamaña desesperación, al ver sus casa tan cerca, pero no las pueden tener. Esperamos que el Ministerio de Vivienda lo antes posible pueda entregar esos recursos para que la empresa no paralice las obras y no deje abandonado el sueño de 300 familias”.
Por su parte Patricia Arancibia, Concejala de Olmué y dirigenta emblemática de este Comité dijo: “Gracias por estar acá, venir a vernos, escucharnos. Estamos en huelga de hambre porque estamos luchando por el derecho a la vivienda, por nuestras viviendas, que ya están construidas y no basta con sólo mirarlas y no poder habitarlas”.
“Hemos pedido al Ministro de Vivienda -agregó- que apure el proceso dentro de la Dirección Técnica del Minvu, que se encuentra entrampada una documentación que permitiría obtener los recursos para que nuestras casas sean prontamente entregadas a los socios de este megaproyecto que beneficia a 300 familias vulnerables de Olmué”.
“Si el lunes no tenemos una respuesta concreta, una certeza, ya no vamos a ser 7 u 8 personas, se pueden sumar más. Y vamos a seguir movilizadas porque tenemos que ser escuchados. No somos el único proyecto en la región que está con este problema, hay muchos más. La vivienda social es un derecho”, finalizó la dirigenta.
