Juan Antonio Coloma y Guillermo Ramírez entregaron una carta al Presidente Boric tras los graves hechos que se produjeron en el partido disputado entre la U. de Chile y U. Católica.
Hasta el Palacio de La Moneda llegaron los diputados de la Bancada UDI, Guillermo Ramírez y Juan Antonio Coloma, para hacerle entrega de una carta al Presidente Gabriel Boric en la que propusieron una serie de modificaciones a la Ley 19.327, más conocida como “Plan Estadio Seguro”, a raíz de los graves incidentes que se produjeron durante el partido disputado entre la Universidad de Chile y Universidad Católica, donde grupos de vándalos y delincuentes lanzaron un número indeterminado de fuegos artificiales, bengalas y bombas de estruendo directamente al terreno de juego.
Al respecto, y junto con solicitar la renuncia inmediata de la directora del plan, Pamela Venegas, por no prever los graves hechos de violencia durante el encuentro, los parlamentarios gremialistas solicitaron aumentar significativamente las sanciones contenidas en dicha ley, estableciendo no sólo la prohibición de por vida de ingresar al estadio a quienes porten o lancen fuegos de artificio u otros artefactos explosivos durante alguna actividad deportiva, sino que también deban cumplir al menos seis meses de prisión efectiva en caso de ser condenados como autores de esos delitos.
“Hemos presentado una batería de propuestas y modificaciones legales para erradicar, de una vez por todas, la violencia en los estadios. El Gobierno no puede seguir en las clásicas declaraciones que finalmente no terminan en nada, sino que debe adoptar una actitud proactiva si realmente están interesados en devolverle el fútbol a las familias y a los verdaderos hinchas”, manifestaron los diputados de la UDI, quienes agregaron que “la directora del Plan Estadio Seguro cometió dos errores garrafales, al no anticiparse a algo que era evidente y al no proponer, en más de un año, ningún tipo de modificación al programa, por lo que es indispensable que dé un paso al costado”.
Pero además, Coloma y Ramírez también propusieron que los clubes tengan la obligación de establecer un sistema de control biométrico en los accesos a los estadios, además de empadronar a todos los asistentes, de manera de detectar -y también prohibir- si alguien con antecedentes penales, causas judiciales u órdenes pendientes se encuentra al interior de un recinto deportivo.
Asimismo, solicitaron al Ejecutivo otorgar máxima urgencia a dos proyectos de ley que ya se encuentran ingresados en el Congreso. El primero, para que los que estén siendo investigados o hayan cometido algún delito al interior de un estadio tengan que concurrir, obligadamente, a una comisaría al menos una hora antes de un partido y hasta la finalización de éste. Y el segundo, para que también se les imponga un arraigo nacional provisorio cuando el equipo del que simpatizan o la Selección Chile juegue en el extranjero, evitando así que puedan asistir a un partido en otro país.
“Si no adoptamos ninguna medida en el corto plazo, el fútbol va seguir en manos de los delincuentes y violentistas. Y para eso es fundamental que el Gobierno se ponga las pilas”, cerraron los UDI.
