Se trata de Rodrigo Huechullán Cayul, quien fue hallado culpable de atacar e incendiar un predio de René Urban, agricultor y padre del consejero constitucional electo con primera mayoría en La Araucanía, Héctor Urban.
Indignación. Esa es la sensación que dijeron sentir los diputados Republicanos por la Región de La Araucanía Mauricio Ojeda y Stephan Schubert, junto a su par de la comisión de Seguridad Cristián Araya, tras conocer la contratación del vocero de la polémica comunidad Rodrigo Huechullán Cayul, por parte de la Municipalidad de Ercilla.
Lo anterior, a raíz de los graves delitos por los cuales el comunero fue condenado en el año 2009: Incendio y amenazas, en contra del agricultor René Urban, padre del consejero electo por el Partido Republicano Héctor Urban.
Según informó el medio El Líbero, Huenchullán Cayul está contratado por el citado municipio en calidad de «técnico agrícola», para el Programa de Desarrollo Territorial Indígena Indap-Conadi.
«Es indignante y alarmante enterarse de que un criminal condenado esté siendo contratado con recursos públicos. Esto representa un grave problema en términos de transparencia y responsabilidad en la gestión de los fondos estatales. Es incomprensible que una persona con antecedentes penales, especialmente por delitos tan serios como incendio y amenazas, pueda ser contratada por el Estado. Es necesario que se realice una investigación exhaustiva sobre este caso. La Contraloría debe intervenir de manera inmediata y determinar si la contratación de este individuo fue legal y si se siguieron los procedimientos adecuados», señaló el diputado por la zona Mauricio Ojeda (Distrito 23).
En este sentido, su par por el mismo distrito, Stephan Schubert, anunció que presentaremos una solicitud ante la Contraloría para que se investigue esta situación y se pronuncie sobre la legalidad y procedencia de la contratación de esta persona condenada. La sociedad merece una explicación clara y transparente sobre cómo ocurrieron estos hechos y qué medidas se tomarán para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro».
Mientras que el diputado de la comisión de Seguridad Cristián Araya aseguró que: «Exigiremos una revisión exhaustiva de la contratación de esta persona y una evaluación de los procedimientos utilizados en el proceso de selección: cómo se realizó la verificación de datos, si procedía o no el registro de su contratación, etc. Los chilenos necesitan respuestas claras sobre cómo pudo ocurrir esta contratación y qué medidas se implementarán para prevenir casos similares en el futuro».
«La Contraloría tiene un papel crucial en este proceso, y confiamos en que realizará una investigación rigurosa y objetiva para esclarecer esta situación y tomar las acciones necesarias para salvaguardar el correcto uso de los recursos públicos», finalizó.
