La investigación se basa en los hechos generados por la resolución del Juzgado de Garantía de Arica, que autorizó a los defensores penales a coordinar con la administración del tribunal para acceder a los nombres de los «testigos reservados». Cabe destacar que esta información se encuentra bajo custodia del tribunal y es de carácter confidencial.
El Ministerio Público notificó la apertura de una investigación penal de oficio en relación con hechos que podrían constituir carácter de delito en relación con la entrega de información reservada.
Esta decisión se toma en el contexto del caso «Los Gallegos» en Arica, donde un juez de Garantía de la ciudad autorizara entregar a las defensas de los acusados las identidades de los testigos protegidos y agentes encubiertos.
Es por lo anterior, que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, notificó una apertura de una investigación penal de oficio que buscará determinar si se han cometido delitos relacionados con la entrega de información confidencial.
Asimismo, designó al Fiscal Regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, para dirigir esta indagatoria y ejercer la acción penal si corresponde, además de garantizar la protección de las víctimas y testigos, en caso de ser necesario y procedente.
