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Pacto Fiscal: reunión con partidos se centra en nuevas necesidades de gasto para financiar PGU, salud y más seguridad pública

Pacto Fiscal: reunión con partidos se centra en nuevas necesidades de gasto para financiar PGU, salud y más seguridad pública

Ministro Marcel: “Durante la próxima década la población mayor de 65 años va a estar creciendo al 4% anual, o sea más que la población en edad de trabajar, que el PIB y otras variables. Entonces, si no le damos una respuesta más estructural, con diseño eficiente y recursos suficientes, nos veremos enfrentados a un problema mayor”.

Las necesidades específicas de gasto fueron expuestas por la directora de Presupuestos, Javiera Martínez; la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos; el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve; y el director de Fonasa, Camilo Cid.

En una nueva reunión sobre el Pacto Fiscal con representantes de los partidos políticos del oficialismo y la oposición se realizó ayer jueves 21, encabezada por el ministro de Hacienda Mario Marcel y la subsecretaria Heidi Berner, se detallaron las necesidades y prioridades de gasto del gobierno con exposiciones de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez; de la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos; el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve; y el director de Fonasa, Camilo Cid.
Como punto de partida el ministro explicó que el “espacio fiscal” está referido a la capacidad del Estado para asumir nuevos gastos, sobre la base de un financiamiento sostenible, consistente con la estabilidad
macroeconómica y la regla fiscal. El compromiso de mantener un balance estructural en las finanzas públicas significa contar con ingresos permanente para nuevos gastos permanentes.

Reiteró que la necesidad del Pacto Fiscal para el Desarrollo obedece a un conjunto de prioridades ciudadanas de gasto público insatisfechas o insuficientemente cubiertas en materia de pensiones, salud, seguridad ciudadana y protección social, las que comprometen significativos volúmenes de recursos, que no alcanzan a financiarse en el proceso presupuestario regular. En su conjunto, las propuestas en estas materias de gasto involucran USD $8.000 millones, equivalentes a 2,7% del PIB (Producto Interno Bruto) en régimen. Por ejemplo, para extender la cobertura y subir la Pensión Universal Garantizada (PGU) a $250.000 se necesita un 1,2% del PIB adicional. Para abordar los requerimientos en cuidados y sala cuna se requiere otro 0,3% del PIB, para destinarlo al cuidado de personas mayores y en situación de discapacidad; y apoyar con un aporte a cuidadores y cuidadoras. En el caso de sala cuna, se propone eliminar la restricción de al menos 20 trabajadoras para que empleadores provean sala cuna y crear un Fondo “Sala Cuna para Chile”, financiado con cotizaciones del empleador y aportes fiscales, para acceso universal, de niños y niñas de madres y padres.

El ministro Marcel recalcó que todos los problemas relacionados con los cuidados de adultos mayores sólo van en una dirección hacia el crecimiento en el futuro debido al envejecimiento de la población: “Durante la próxima década la población mayor de 65 años va a estar creciendo al 4% anual, o sea más que la población en edad de trabajar, que el PIB y otras variables. Entonces, si no le damos una respuesta más estructural, con diseño eficiente y recursos suficientes, nos veremos enfrentados a un problema mayor. Estamos acostumbrados a las discusiones presupuestarias año a año, con escenarios más o menos estáticos, pero cuando uno se da cuenta de la dinámica de estos temas toma conciencia de la magnitud del desafío y de la urgencia de darle respuesta”.

Las necesidades y prioridades de gasto en salud se estiman en 0,9% del PIB, que se destinarían a elevar el financiamiento per cápita de la salud primaria, al menos, a $12.000, considerando una población de 14,5 millones de personas y mejoras al Plan de Salud Familiar, en materia de brechas y realidad epidemiológica.

Esto, acompañado con un nuevo marco evaluativo y de desempeño de la salud primaria que vele por el monitoreo de resultados de procesos y experiencia usuaria, así como mejoras en la conectividad e interoperabilidad del sistema, ampliación de la atención telesalud/telemedicina, incremento de los horarios de atención, estandarización de capacidades de los distintos centros y una mayor rendición de cuentas.

Adicionalmente, se plantea reducir los tiempos de espera a la mediana OCDE, implementando franjas horarias de continuidad y ampliación de oferta médica e introducir herramientas de gestión hospitalaria para clasificar a los pacientes en base a sus diagnósticos, procedimientos y severidad. Los nuevos recursos también permitirían aumentar la cobertura de los centros de resolución regional, junto con hacer convenios con el sector privado para reducir las listas de espera, entre otras medidas.

Marcel destacó que en este ámbito se aprovechó el trabajo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad sobre cómo optimizar el funcionamiento de la salud primaria en el marco del manejo del Triage: asignación de los tiempos médicos, cómo llenar los vacíos que se van produciendo en la atención. Y en el caso de listas de espera, particularmente, en el uso más eficiente de la infraestructura para la intervención quirúrgica: “Aquí tenemos otro caso en el cual, requiriéndose recursos adicionales, si los combinamos con estas mejoras de productividad se puede subir el nivel de servicio y al mismo tiempo
mantener una capacidad para la contención de costos en el futuro, que permita darle estabilidad y sostenibilidad a esas materias de gasto”.

Prevención, seguridad pública y combatir el crimen organizado requiere de otro 0,3% del PIB. El subsecretario Monsalve detalló medidas como la creación de un Sistema Nacional de Protección de Víctimas y Testigos de Crimen Organizado y un Plan de Seguridad para jueces, fiscales, policías y funcionarios públicos que participen en investigaciones a organizaciones criminales; el cierre de brechas y reforzamiento en equipamiento y elementos de protección personal para Carabineros y la PDI (cascos, chalecos, cámaras corporales, lentes antibalas, entre otros), en un plazo de 3 años; quintuplicar asistentes policiales, aumentar oficiales policiales profesionales y de línea en 10 años; modernización de la carrera e institucionalidad policial de Carabineros, así como modernizar el Poder Judicial y el Ministerio Público.

También mencionó la implementación de una Política de Ciberseguridad 2023-2028; una Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, lo que incluye la incorporación de nuevas tecnologías para fortalecer sus capacidades de georreferenciación; reconocimiento y análisis de imágenes; seguimiento y levantamiento de información; detección de sustancias ilícitas; vigilancia policial; detección y neutralización de drones; detectores para la revisión de contenedores, equipaje; y tecnología para mejorar el control y resguardo de la frontera, en particular, de los pasos no habilitados. Asimismo, el fortalecimiento del sistema carcelario con infraestructura, equipamiento, e inversión en prevención.

Al término de la reunión, la subsecretaria de Hacienda manifestó que se recogieron todas las dudas y comentarios de los asistentes, las cuales fueron respondidas y algunas serán parte del documento con los
acuerdos alcanzados. Respecto de consultas sobre el uso de los recursos del espacio fiscal y los que se generen a partir de la mayor eficiencia en el Estado, recordó que dentro de las medidas propuestas en materia de modernización del Estado se encuentra la creación de la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas. Explicó que “además de generar un sistema integrado de las evaluaciones —hoy a cargo de DIPRES, MDSF y CNEP—, se le incorporará la función de evaluación del impacto regulatorio, fundamental desde un punto de vista fiscal y desde el crecimiento, ya que permitirá conocer de manera sistemática el impacto que tiene en la economía la generación de cada nueva regulación”.

Asistentes a reunión con partidos

Por Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio Latorre y Rocío Fondó, asesora parlamentaria
Por Convergencia Social, el asesor Mauricio Pardo
Por el FREVS, Sebastián León
Por el Partido Comunista, Elías Mella
Por el Partido por la Democracia, Álvaro García y Reinaldo Monardes
Por el Partido Socialista, el asesor Gonzalo Urrutia
Por el Partido Socialcristiano, la asesora Sintia Leyton
Por el Partido Liberal, Jesús Agüero
Por el Partido Radical, Sergio Villegas
Por la Democracia Cristiana, el asesor Julio Valladares
Por Demócratas, el asesor Gonzalo Mardones
Por el Partido de la Gente, la asesora Denisse Catalán
Por Amarillos, René Cortázar y Jaime Abedrapo
Por Avancemos Chile, Josué Muñoz
Por Evopoli, Juan José Obach, director ejecutivo de Horizontal.
Por Renovación Nacional, los asesores de la bancada de diputados Daniel Muñoz y Sebastián Amado
Por la UDI, Bárbara Beyolo, asesora de la bancada de diputados
Acción Humanista y Comunes se excusaron

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